este caso4. En la Sentencia, el Tribunal dispuso que el Estado debía cumplir con su
obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar.
2.
La Resolución de medidas provisionales y supervisión de cumplimiento de
sentencias emitida por la Corte Interamericana el 12 de marzo de 2019 respecto de 14
casos en que ha emitido Sentencias contra Guatemala5 (infra Considerando 3)6.
3.
Los escritos presentados el Estado el 12 de abril y el 11 de julio de 2019, mediante
los cuales informó sobre la implementación de las medidas provisionales ordenadas en el
punto resolutivo primero de la resolución de medidas provisionales (infra Considerando 4).
4.
Los cuatro escritos presentados por la representante de las beneficiarias de las
medidas provisionales7 entre junio y agosto de 20198, mediante los cuales remitió
información relacionada con la implementación de las medidas provisionales ordenadas en
el punto resolutivo primero y sus observaciones a lo informado por el Estado.
5.
Las notas de la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”) de 15 de abril,
13 de mayo y 24 de julio de 2019, mediante las cuales, siguiendo instrucciones del
Presidente del Tribunal, se recordó al Estado el vencimiento del plazo dispuesto en la
Resolución de medidas provisionales para que presentara información en relación con la
implementación de la medida ordenada en el punto resolutivo segundo (infra Considerando
4), y se le otorgaron plazos adicionales para que remitiera dicho informe. Mediante la nota
de 13 de mayo se le indicó que, aun cuando en el informe de cumplimiento de Sentencia
del caso Molina Theissen incluyó información relativa al “trámite legislativo de la iniciativa
de ley 5377” (infra Considerando 14), no indicó que ésta respondiera al pedido ordenado
en el punto resolutivo segundo de la mencionada Resolución de medidas provisionales y
supervisión de cumplimiento, por lo que se le requirió que lo presentara a más tardar el
20 de mayo de 2019.

En la Sentencia, la Corte observó que “[d]urante la audiencia pública del caso, el Estado reconoció su
responsabilidad por la violación de los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial, establecidos en
los artículos 8 y 25 de la Convención, ya que ‘la averiguación […] hasta ahora no ha presentado resultados
positivos’. No especificó en perjuicio de quiénes reconocía dicha violación” y, por lo tanto, el Tribunal “decid[ió]
aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad formulado por el Estado, en el sentido que violó los artículos
8 y 25 de la Convención Americana”, no obstante lo cual “not[ó] que subsist[ía] la controversia en cuanto al
alcance de dichas violaciones, así como en cuanto a quiénes fueron las personas perjudicadas por las mismas.
También subsist[ía] la controversia en cuanto a las violaciones de los derechos establecidos en los artículos 3, 4,
5, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 23 y 24 de la Convención Americana, en relación [a]l artículo 1.1 de la misma;
del artículo I de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, y del artículo 7 de la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, alegadas por la
Comisión y/o los representantes”. Asimismo, la Corte consideró “que, ante la Comisión Interamericana, el Estado
reconoció aquellos hechos comprobados ‘mediante los expedientes abiertos ante las instituciones de justicia
nacional’ y que se encuentran documentados en el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.
Asimismo, en su contestación el Estado no negó los hechos de este caso, ni su obligación de ‘resarcir a las
víctimas’, sin embargo, opuso una excepción preliminar ratione temporis, alegando que la Corte carec[ía] de
competencia para conocer de los mismos”. En virtud de lo anterior, la Corte “consider[ó] aceptados los hechos
del caso”. Cfr. Caso Miembros de la Aldea Chichupac y Comunidades Vecinas del Municipio de Rabinal Vs.
Guatemala, supra nota 1, párrs. 54 a 58.
5
Casos Bámaca Velásquez, Myrna Mack Chang, Maritza Urrutia, Masacre Plan de Sánchez, Molina
Theissen, Carpio Nicolle y otros, Tiu Tojín, Masacre de Las Dos Erres, Chitay Nech y otros, Masacres de Río Negro,
Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar"), García y familiares, Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades
vecinas del Municipio de Rabinal y Coc Max y otros (Masacre de Xamán), en los que se ordenó la investigación,
juzgamiento y. eventual, sanción de graves violaciones a los derechos humanos cometidas o alegadamente
ocurridas durante el conflicto armado interno.
6
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/aldeachichupac_12_03_19.pdf.
7
Asociación Bufete Jurídico Popular.
8
Escritos de 15 de mayo, 24 de junio, 1 y 26 de agosto de 2019.
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