RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
DE 10 DE JULIO DE 2019
CASO ROJAS MARÍN Y OTRA VS. PERÚ

VISTO:
1.
El escrito de sometimiento del caso y el Informe de Fondo de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”); el escrito
de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante el “escrito de solicitudes y argumentos”)
de las representantes de las presuntas víctimas (en adelante “las representantes”); el escrito
de excepciones preliminares y contestación al sometimiento del caso y al escrito de solicitudes
y argumentos (en adelante “escrito de contestación”) de la República del Perú (en adelante
“Perú” o “el Estado”), así como los escritos de observaciones a las excepciones preliminares
interpuestas por el Estado presentados por la Comisión Interamericana y las representantes.
2.
Las listas definitivas de declarantes presentadas por el Estado, las representantes y la
Comisión, y las correspondientes observaciones a dichas listas presentadas por las partes, la
Comisión y el perito recusado.
3.
La nota de Secretaría 30 de mayo de 2019 relativa a la procedencia del Fondo de
Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
“Fondo de Asistencia Legal de Víctimas”).
CONSIDERANDO QUE:
4.
El ofrecimiento y la admisión de la prueba, así como la citación de presuntas víctimas,
testigos y peritos, se encuentran regulados en los artículos 35.1.f, 40.2.c, 41.1.c, 46, 48, 50
y 57 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”
o “el Tribunal”).
5.
La Comisión ofreció como prueba un dictamen pericial; las representantes ofrecieron la
declaración de una presunta víctima, una declaración testimonial y cinco dictámenes
periciales, y el Estado ofreció, dos declaraciones testimoniales y tres dictámenes periciales.

6.
La Corte garantizó a las partes el derecho de defensa respecto de los ofrecimientos
probatorios oportunamente realizados. En cuanto a las declaraciones ofrecidas que no han
sido objetadas, esta Presidencia considera conveniente recabar dicha prueba, a efectos de
que el Tribunal pueda apreciar su valor en la debida oportunidad procesal, dentro del contexto
del acervo probatorio existente y según las reglas de la sana crítica. Por consiguiente, el
Presidente admite las declaraciones de Moisés Valdemar Ponce Malaver y Víctor Manuel Cubas
Villanueva, peritos propuestos por el Estado.

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