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declarantes. Los representantes indicaron no tener observaciones frente al peritaje ofrecido
por la Comisión.
4.
El Estado se opuso al peritaje de la señora Claudia Samayoa Pineda ofrecido por la
Comisión, así como al traslado de la prueba pericial rendida por los señores Alejandro
Rodríguez y Cristian Correa, y Michael Paul Hermann, Juan Méndez y la señora Rosalina
Tuyuc, en el Caso Miembros de la Aldea de Chichupac y Comunidades Vecinas del Municipio
de Rabinal Vs. Guatemala, y en el Caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala,
respectivamente. El Estado no ofreció declarantes. Adicionalmente, en cuanto a las
declaraciones testimoniales por medio de declaración jurada, Guatemala señaló que no es
posible constatar que el notario que autorizó dichas actas se encontrase presente en cada
una de ellas. En cuanto a las declaraciones ofrecidas en audiencia pública, el Estado señaló
que hará uso del interrogatorio. Por otra parte, el Estado no se pronunció respecto a la
realización de la diligencia probatoria.
5.
Dado que ninguna de las tres declaraciones ofrecidas por los representantes ha sido
objetada, esta Presidencia considera conveniente recabar dicha prueba, a efectos de que el
Tribunal pueda apreciar su valor en la debida oportunidad procesal, dentro del contexto del
acervo probatorio existente y según las reglas de la sana crítica. Por consiguiente, el
Presidente admite las declaraciones de Tomás Grave Morente, Efraín Grave Morente y
Natividad Sales Calmo, quienes declararán según el objeto y modalidad determinados en la
parte resolutiva de esta decisión.
6.
A continuación el Presidente examinará en forma particular: a) Peritaje ofrecido por
la Comisión; b) Admisibilidad del traslado de los peritajes rendidos en el marco de los Casos
Miembros de la Aldea Chichupac y Comunidades Vecinas del Municipio de Rabinal Vs.
Guatemala y Masacres de Río Negro Vs. Guatemala, c) Admisibilidad de declaraciones
testimoniales rendidas por medio de declaración jurada de diecisiete personas, y d)
Diligencia probatoria solicitada por los representantes de las víctimas.
A. Peritaje ofrecido por la Comisión
7.
La Comisión ofreció el dictamen pericial de Claudia Samayoa Pineda, para declarar
sobre “la situación de discriminación étnica antes, durante y después del conflicto armado
en Guatemala y, particularmente, el impacto del genocidio sufrido por el pueblo indígena
Maya y explicará la situación de las personas, familias y comunidades desplazadas que
posteriormente regresaron a Guatemala. Se referirá, en la medida de lo pertinente, a los
hechos del caso a la luz de los estándares desarrollados en el peritaje”.
Al respecto, la Comisión destacó que el presente caso involucraba cuestiones de
orden público interamericano, ya que el presente caso “constituye un reflejo de la situación
que vivieron familias indígenas desplazadas como consecuencia del conflicto armado, al
regresar a Guatemala. Específicamente, la masacre cometida en el presente caso es una
expresión más de los efectos del genocidio contra el pueblo indígena Maya durante el
conflicto armado, así como de la continuidad de la discriminación étnica subyacente a dicha
situación”.

8.

9.

En cuanto al peritaje ofrecido por la Comisión, el Estado señaló que:
se opone al mismo, puesto que los hechos que fueron sometidos al conocimiento contencioso de la
Corte IDH y que fueron delimitados en el informe de fondo de la CIDH […] se circunscriben a la
forma en la que se desarrollaron los hechos del presente caso, por lo que el peritaje excede de esos
hechos al referirse al posible impacto del genocidio sufrido por el pueblo indígena Maya. Por lo tanto,
de ser aceptado por la Corte, ésta deberá delimitar las circunstancias sobre las cuales versará el

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