El Estado de Colombia ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 31 de
julio de 1973 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 21 de junio de 1985. Asimismo,
Colombia ratificó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura el 19 de enero
de 1999.
La Comisión ha designado al Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez y al Secretario
Ejecutivo Emilio Álvarez Icaza L. como sus delegados. Asimismo, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria
Ejecutiva Adjunta y Silvia Serrano Guzmán y Jorge Humberto Meza Flores abogada y abogado de la
Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como asesora y asesor legales.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión
adjunta copia del informe de fondo 41/15 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención,
así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los
anexos utilizados en la elaboración del informe 41/15 (Anexos). Dicho informe de fondo fue
notificado al Estado de Colombia mediante comunicación de 14 de octubre de 2015, otorgándole un
plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones.
La Comisión observa que el Estado colombiano solicitó dos prórrogas tras la notificación del
informe de fondo, una de las cuales fue otorgada por la Comisión. Tras evaluar la información
presentada por el Estado, la Comisión determinó que no se registraron avances sustanciales en el
cumplimiento de las recomendaciones. Si bien el Estado informó sobre reuniones sostenidas con los
peticionarios para obtener propuestas de reparación, no se cuenta con información detallada sobre la
calendarización y/o implementación de algunas de las propuestas recibidas por el Estado. Por otra
parte, en cuanto a la indemnización, aunque existiría un concepto favorable para iniciar el trámite de
la Ley 288 de 1996, tras seis meses de la notificación del informe de fondo, dicho procedimiento no se
ha iniciado formalmente. La Comisión también tomó en consideración la falta de información
concreta y actualizada sobre el cumplimiento de la recomendación vinculada con la investigación y
eventual sanción de los hechos del caso. La Comisión tomó en cuenta, a su vez, de que los
peticionarios solicitaron el envío del caso a la Corte Interamericana.
En virtud de lo anterior, la Comisión Interamericana somete a la jurisdicción de la Corte la
totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el informe de fondo 41/15,
por la necesidad de obtención de justicia para los familiares de las víctimas ejecutadas
extrajudicialmente.
En ese sentido, la Comisión solicita a la Corte que concluya y declare la responsabilidad
internacional del Estado de Colombia por:
1. La violación a los derechos a la vida y a la honra y dignidad consagrados en los artículos 4
y 11 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en
perjuicio del señor Gustavo Giraldo Villamizar Durán;
2. La violación a los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal y honra y
dignidad consagrados en los artículos 4, 5, 7 y 11 de la Convención Americana en relación
con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio del señor Elio Gelves Carrillo;
3. La violación a los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal consagrados
en los artículos 4, 5, y 7 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del
mismo instrumento en perjuicio del señor Carlos Arturo Uva Velandia;
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