3
sino fundamentalmente tutelar, por cuanto protegen derechos humanos, en la medida en
que buscan evitar daños irreparables a las personas3.
3.
Asimismo, el artículo 63.2 de la Convención exige que para que la Corte pueda
disponer de medidas provisionales deben concurrir tres condiciones: a) “extrema
gravedad”; b) “urgencia”, y c) que se trate de “evitar daños irreparables a las personas”.
Estas tres condiciones deben estar presentes en toda situación en la que se solicite la
intervención del Tribunal, y deben persistir para que la Corte mantenga la protección
ordenada, y dado el caso de que una de ellas haya dejado de tener vigencia, corresponderá
al Tribunal valorar la pertinencia de continuar con la protección ordenada 4. Es así que, a
efectos de decidir si se mantiene la vigencia de las medidas provisionales, el Tribunal debe
analizar si persiste la situación que determinó su adopción, o bien si nuevas circunstancias
igualmente graves y urgentes ameritan su mantenimiento. Cualquier otro asunto sólo puede
ser puesto en conocimiento de la Corte a través de los casos contenciosos
correspondientes5.
4.
De acuerdo a lo expuesto y de conformidad con lo decidido en la última Resolución
del Tribunal (supra, Visto 1), la Corte examinará: a) la búsqueda de los desaparecidos; b) la
situación de riesgo de los beneficiarios a la luz de los hechos acontecidos con posterioridad
a la última Resolución; c) las medidas de protección en relación con los 11 beneficiarios en
Estados Unidos; d) otras medidas acordadas para los beneficiarios; e) el estado procesal del
presente asunto ante la Comisión, y f) la pertinencia de levantar la medida de protección
respecto de Manuel Reyes Lira.
A) Búsqueda de desaparecidos
Observaciones de la Comisión y de las partes
5.
El Estado, con anterioridad a la celebración de la audiencia conjunta de 21 de
noviembre de 2014, manifestó haber tomado diversas declaraciones ministeriales a
elementos del ejército mexicano. Para ello, registró y confrontó perfiles genéticos de los
familiares de las personas desaparecidas en busca de coincidencias, sin haber encontrado
correspondencia biológica; y sobre las evidencias no biológicas, manifestó haber ofrecido
facilidades a los familiares para la consulta de los registros. Durante la audiencia del asunto,
el Estado refrendó “su voluntad y compromiso de continuar y reforzar las diligencias
relacionadas con la búsqueda”, así como enfatizó que estaba llevando a cabo numerosas
diligencias con el fin de localizar a los desaparecidos 6. Posterior a la audiencia, el Estado
informó que, como resultado de las reuniones mantenidas el 24 de noviembre, 3 y 4 de
diciembre de 2014 con los representantes, se acordó la elaboración coordinada de un “Plan
de Búsqueda de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene

3

Cfr. Caso del Periódico de “La Nación” respecto de Costa Rica. Resolución de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 7 de septiembre de 2001, Considerando cuarto, y Caso Mack Chang y otros respecto de
Guatemala. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 de enero de 2015, Considerando
cuarto.
4
Cfr. Caso Carpio Nicolle respecto de Guatemala. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de 6 de julio de 2009, Considerando décimo cuarto, y Asunto Meléndez Quijano y otros respecto de El
Salvador. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de abril de 2015, Considerandos
segundo y décimo noveno.
5
Cfr. Asunto James y otros respecto de Trinidad y Tobago. Resolución de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 29 de agosto de 1998, Considerando sexto, y Asunto Meléndez Quijano y otros respecto de
El Salvador, supra, Considerando segundo.
6
El Estado destacó que la Procuraduría General de la República (en adelante la “Procuraduría” o “la PGR”)
“ha[bía] practicado […] el desahogo de 155 pruebas testimoniales […] 18 testimoniales […] 206 pruebas
documentales […] [y] 18 pruebas periciales”.

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