-310.
El escrito de 26 de enero de 2018 presentado en calidad de amici curiae por Juan Alberto
Ágreda Huamán, José Santiago Bryson De La Barrera, Julio César Casusol Martínez, Jorge
Enrique Curzo Ramírez, Toribio Dioses Lupu, Américo Manuel Martínez Cárdenas, Wilbert
William Puerta Calderón, Edgar Félix Rojas Poma, Nicolás David Romero Saldaña, Cilas Timoteo
Sanabria Payano, Hipólito Fermín Silva Torres, Sergio C. B. Tapia Tapia y Humberto Abanto
Verástegui6.
11.
La audiencia pública sobre supervisión de cumplimiento de sentencia y solicitud de
medidas provisionales, celebrada el 2 de febrero de 2018 en la sede del Tribunal 7.
12.
El anexo al escrito presentado por el Estado el 6 de febrero de 2018 que contiene la
copia del Reglamento del Congreso de la República, de conformidad con lo requerido por el
Presidente de la Corte mediante nota de la Secretaría del Tribunal 1 de febrero de 2018.
CONSIDERANDO QUE:
1.
En las Sentencias que emitió la Corte en el caso Durand y Ugarte Vs. Perú ordenó al
Estado que cumpla con su obligación de investigar los hechos violatorios (supra Visto 1), y
juzgar y sancionar a los responsables 8.

6

Fue suscrito por las referidas trece personas. Los señores Ágreda Huamán, Bryson De La Barrera, Casusol
Martínez, Curzo Ramírez, Dioses Lupu, Martínez Cárdenas, Puerta Calderón, Rojas Poma, Romero Saldaña, Sanabria
Payano y Silva Torres son once de las veintitrés personas que presentaron un recurso de agravio constitucional ante el
Tribunal Constitucional, resuelto mediante sentencia de 14 de junio de 2013 (infra Considerando 21), mientras que los
señores Tapia y Abanto son sus abogados. En el referido escrito expusieron múltiples argumentos con base en los
cuales concluyeron que: i) “[e]l Estado peruano ha cumplido íntegramente la obligación de investigar, encontrándose
en proceso de cumplimiento las obligaciones de juzgar y, de ser el caso, sancionar a los responsables, dado que el
proceso penal […] se encuentra en la etapa de juicio oral”; ii) la sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de junio de
2013 “jamás entrañó el peligro de que se impidiera el cumplimiento de la reparación pendiente relativa a investigar,
juzgar y, de ser el caso, sancionar”; iii) “[l]os magistrados constitucionales [en el auto de 5 de abril de 2016] no se
limitaron a constatar un error en el conteo de votos [de la referida sentencia de 14 de junio de 2013], sino que
suplantaron la voluntad del magistrado Vergara Gotelli”; iv) “[l]a Constitución ordena a la Comisión Permanente [del
Congreso de la República del Perú] acusar ante el Congreso a los magistrados constitucionales por infracción de la
Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones”; v) [l]a acción de los magistrados
constitucionales denunciados vulneró la garantía de la cosa juzgada”; vi) “el magistrado constitucional que prevarica
no se halla protegido por la inamovilidad de su cargo”, y vii) “[e]l procedimiento parlamentario de acusación
constitucional, cuando se inicia a instancia de un particular agraviado en sus derechos fundamentales, resulta una
concreción del recurso sencillo y rápido previsto en” la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
7
A esta audiencia comparecieron: a) por el Estado: Jaime Cacho-Sousa Velázquez, Embajador del Perú en
Costa Rica; Luis Alberto Mejía Lecca, Agente; Martín Torres López, Agente; Sofía Janett Donaires Vega, Procuradora
Pública Adjunta Especializada Supranacional, y Helmut Andrés Olivera Torres, Abogado de la Procuraduría Pública
Especializada Supranacional; b) por los representantes de las víctimas: Carlos Rivera Paz, Director General del
Instituto de Defensa Legal (IDL); Francisco Quintana, Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el
Caribe del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Elsa Meany, Abogada Senior (CEJIL), y Alexandra
McAnarney, Oficial de Comunicación (CEJIL), y c) por la Comisión Interamericana: Esmeralda Arosemena de Troitiño,
Segunda Vice-Presidenta de la Comisión; Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo, y Silvia Serrano Guzmán, abogada de la
Secretaría Ejecutiva. La grabación de la audiencia pública se encuentra disponible en el siguiente enlace:
https://vimeo.com/album/4963002.
8
En la Sentencia de fondo la Corte dispuso que “el Estado está obligado a hacer todo el esfuerzo posible para
localizar e identificar los restos de las víctimas y entregarlos a sus familiares, así como para investigar los hechos y
procesar y sancionar a los responsables”. Asimismo, en la Sentencia de reparaciones y costas el Tribunal homologó el
acuerdo que disponía “investigar y sancionar a los responsables de los hechos, en virtud del punto resolutivo séptimo
de la sentencia de fondo dictada por la Corte el 16 de agosto de 2000, y seguir impulsando la investigación que se
tramita ante la 41 Fiscalía Penal de Lima, por el delito de homicidio en perjuicio de 30 personas, entre las cuales se
encuentran Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera”. Cfr. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo, supra
nota 1, punto dispositivo 7 y Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Reparaciones y Costas, supra nota 2, punto dispositivo
4.c.

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