violaciones al derecho a la vida “se ha caracterizado por una clara orientación política, ya que muchas de sus víctimas
han sido personas que sustentaban posiciones políticas opuestas al Gobierno o que habían manifestado en actos
públicos su discrepancia con él. En las violaciones al derecho a la vida se han empleado métodos como
desapariciones, ejecuciones sumarias de personas y de grupos y otros actos atroces considerados en el presente
Informe”15.
19.
siguiente:
Sobre hechos concretos de violencia en contra de partidos políticos, la CIDH ha referido lo
Al mismo tiempo, grupos paramilitares amenazaron a ciertos candidatos y advirtieron a los
residentes en determinadas regiones del país que debían abstenerse de votar o de participar en los
comicios de cualquier otra forma. La influencia de los grupos paramilitares en las elecciones cobró
mayor significado en la región de la costa atlántica, en especial en Urabá, Córdoba, Magdalena y el
sur del Departamento del Cesar. La interferencia de los grupos paramilitares impidió casi
totalmente la inscripción de partidos de izquierda en las elecciones en la región de Urabá donde,
en años anteriores, miembros de partidos alternativos como la Unión Patriótica habían cobrado
notable influencia política.
(…)
Estos incidentes se inscriben en un historial de violencia contra funcionarios elegidos que, según
fuentes oficiales, consigna 28 alcaldes asesinados entre 1995 y 1997. En 1995 fueron secuestrados
18 alcaldes y 23 lo fueron en 1996. Entre noviembre de 1996 y septiembre de 1997, fueron
secuestrados 41 alcaldes y otros 40 fueron víctimas de amenazas o agresiones.13 Entre enero de
1995 y julio de 1997, fueron asesinados 140 miembros de concejos municipales.
Para la Comisión es motivo de suma preocupación la posibilidad de que estos ataques constantes,
violatorios del derecho humanitario internacional, desemboquen en algún momento en una
situación en la que la ciudadanía colombiana se vea privada de acceso efectivo al derecho al
sufragio y a la participación política directa o representativa. La Comisión insta al Estado a tomar
todas las medidas necesarias a fin de asegurar la protección de los derechos a la participación
política, con objeto de que Colombia siga siendo un Estado plenamente democrático16.
20.
Asimismo, diversos organismos nacionales e internacionales han documentado o informado sobre
la situación de violencia política en Colombia. De este modo, los Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre
tortura, y sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias señalaron, en Informe conjunto de 1995 sobre su
visita a Colombia, señalaron que durante las últimas décadas, las personas que se han expresado críticamente sobre
las condiciones políticas, económicas o sociales, han sido víctimas de violaciones a derechos humanos17. En este
sentido, indicaron que la disidencia política ha sido considerada por los sectores tradicionales y el narcotráfico como
una amenaza a sus intereses, y es percibida como una actividad subversiva no solo por los militares involucrados en
actividades de contrainsurgencia en zonas rurales, sino también por un gran número de autoridades civiles e
instituciones estatales18. Así, catalogados como “guerrilleros” o “enemigos internos”, muchos miembros de partidos
políticos opositores viven bajo permanente amenaza y el alarmante número de asesinatos cometidos contra los
mismos es realmente preocupante19.
CIDH. Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, 14 de octubre de 1993.
CIDH. Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, OEA/Ser.L/V/II. 102 Doc. 9 rev. 1 del 26 de febrero de 1999,
Capitulo IX, La Libertad de Asociación y los Derechos Políticos, E. Partidos Políticos Alternativos, párrs. 36, 47 y 48.
17 Naciones Unidas, Informe conjunto de la visita a Colombia del Relator Especial encargado de la cuestión de la tortura, Sr. Nigel S. Rodley, y del
Relator Especial encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Sr. Bacre Waly Ndiaye, E/CN.4/1995/111, 16
de enero de 1995.
18 Naciones Unidas, Informe conjunto de la visita a Colombia del Relator Especial encargado de la cuestión de la tortura, Sr. Nigel S. Rodley, y del
Relator Especial encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Sr. Bacre Waly Ndiaye, E/CN.4/1995/111, 16
de enero de 1995.
19 Naciones Unidas, Informe conjunto de la visita a Colombia del Relator Especial encargado de la cuestión de la tortura, Sr. Nigel S. Rodley, y del
Relator Especial encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Sr. Bacre Waly Ndiaye, E/CN.4/1995/111, 16
de enero de 1995.
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