INTER - AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L'HOMME
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
WASHINGTON, D.C. 2 0 0 0 6 EEUU
29 de mayo de 2012
Ref.:
Caso No. 12.167
Hugo Oscar Arguelles y otros
Argentina
Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte
Interamericana de Derechos Humanos, el caso No. 12.167, Hugo Oscar Arguelles y otros respecto
de la República Argentina (en adelante “el Estado de Argentina”, “el Estado argentino” o
“Argentina”), relacionado con la violación al derecho a la libertad personal y el derecho a un juicio
justo en los procesos internos llevados adelante contra oficiales militares por el delito de fraude
militar, en cumplimiento de las disposiciones del Código de Justicia Militar de Argentina (en
adelante “CJM”), entonces vigente. Puntualmente, los hechos que dieron lugar a los procesos
objeto de este caso ocurrieron durante el período 1978-1980 y resultaron en la detención en
carácter de incomunicados de aproximadamente 50 oficiales militares que estaban a cargo de
fondos de diferentes bases de la Fuerza Aérea Argentina, 21 de los cuales son las víctimas de
este caso.
En su Informe de Fondo, la Comisión concluyó que el Estado violó el derecho a contar con
asistencia técnica para su defensa en perjuicio de las víctimas, por cuanto el artículo 87 del CJM
no otorgaba a las personas sometidas a proceso el derecho a un abogado sino que les permitía
ser defendidos por un oficial militar en servicio activo o retirado, mientras que el derecho a ser
defendido por un abogado estaba contemplado una vez que el acusado había prestado
declaración ante el tribunal (art. 252 CJM).
Asimismo, la Comisión consideró que las víctimas permanecieron incomunicadas por un
período que excedió el permitido bajo el CJM; que el CJM no establecía un lapso de tiempo dentro
del cual el Tribunal Militar debería decidir el caso de un individuo detenido; y que, además, las
víctimas estuvieron en prisión preventiva por un plazo de entre 7 y 8 años, sin que el Estado haya
justificado su detención prolongada.
Señor
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Apartado 6906-1000, San José, Costa Rica
En cuanto al CJM, la Comisión sostuvo que esta normativa incluía ciertas provisiones que
prima facie constituían una violación del derecho a un juicio justo y de acceso a la justicia, hecho
que fue reconocido por el propio Estado al derogarlo, pero que no se tradujo en reparaciones para