RESOLUCIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS * DE 11 DE MARZO DE 2020 CASO DACOSTA CADOGAN VS. BARBADOS SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA Y REINTEGRO AL FONDO DE ASISTENCIA LEGAL DE VÍCTIMAS VISTO: 1. La Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas (en adelante “la Sentencia” o “el Fallo”) dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en 1 adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”) el 24 de septiembre de 2009 . La Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado de Barbados (en adelante “el Estado” o “Barbados”) por la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal, en perjuicio del señor Tyrone DaCosta Cadogan. Dichas violaciones se declararon por la imposición de la pena de muerte obligatoria al señor DaCosta, quien fue condenado en mayo de 2005 por el delito de homicidio, según lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Delitos contra las Personas de 1994. Esa disposición legal establecía que cualquier persona condenada por homicidio sería sentenciada y condenada a muerte. Al respecto, la Corte consideró que la imposición de la pena de muerte de manera obligatoria, mecánica y genérica para todo culpable de homicidio, violaba la prohibición de privar del derecho a la vida en forma arbitraria, ya que no permitía la individualización de la pena conforme con las características del delito, así como con la participación y culpabilidad del acusado y, además, no limitaba su aplicación a los delitos más graves. Asimismo, el Tribunal declaró que el Estado no dio cumplimiento al deber de adoptar disposiciones de derecho interno, en relación con los derechos a la vida y a la protección judicial, debido a que mantuvo, per se, y aplicó respecto de la víctima, el artículo 2 de la Ley de Delitos Contra las Personas, que restringe el derecho a la vida, y porque el artículo 26 de la Constitución de Barbados, el cual no permite la revisión constitucional de leyes vigentes previas a la constitución impidió el escrutinio judicial del referido artículo 2 de la Ley de Delitos contra las Personas. Finalmente, la Corte estableció que el Estado violó el derecho a las garantías judiciales de la víctima, debido a que, en un proceso penal que podía culminar en la pena de muerte, no se garantizó al señor DaCosta los medios adecuados para la preparación de su defensa. Al respecto, se constató que la salud mental de la víctima nunca fue evaluada detalladamente durante el proceso penal en su contra, a pesar de que se presentó prueba y alegatos sobre supuestas dependencia al alcohol y enfermedades mentales que, de haber sido constatadas, * El Juez Eduardo Vio-Grossi no participó en la deliberación y firma de la presente Resolución por razones de fuerza mayor. 1 Cfr. Caso DaCosta Cadogan Vs. Barbados. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de setiembre de 2009. Serie C No. 204. El texto íntegro se encuentra disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_204_esp.pdf. La Sentencia fue notificada el 20 de octubre de 2009. -1-

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