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12.
Manifiestan que la Asamblea Nacional designó una “Comisión Parlamentaria Especial
para investigar los sucesos de abril de 2002”. En su informe de agosto de 2002 esta Comisión Especial
habría exhortado al Poder Ciudadano a investigar y determinar las responsabilidades de ciudadanos
“quienes, sin estar investidos de funciones públicas, actuaron en forma activa y concordada en la
conspiración y golpe de Estado”. La lista de ciudadanos a ser investigados incluiría a Allan Brewer
Carías “por estar demostrada su participación en la planificación y ejecución del Golpe de Estado”.
2.
Hechos alegados en relación con el proceso judicial
13.
Los peticionarios alegan que entre el 2002 y el 2005 al menos cuatro fiscales provisorios
investigaron los hechos que rodearon la redacción del “Decreto Carmona”, entre otros hechos
relacionados con los eventos que se produjeran entre el 11 y el 13 de abril de 2002. Señalan que, en
primer término, la investigación estuvo a cargo del Fiscal provisorio José Benigno Rojas, quien no
formuló imputaciones. Indican que éste fue sustituido por el Fiscal provisorio Danilo Anderson quien
tampoco formuló imputaciones y ulteriormente fue asesinado en noviembre de 2004.
Subsiguientemente, Luisa Ortega Díaz, Fiscal Provisoria Sexta del Ministerio Público a Nivel Nacional
5
con Competencia Plena (en adelante también la “Fiscal Provisional Sexta”) , asumió la investigación y
formuló un número de imputaciones 6. Alegan que, desde entonces, el patrón de conducta, tanto del
Ministerio Público como de los jueces provisorios que han visto la causa, ha sido el de valorar los
aspectos de la prueba que puedan contribuir a condenar a Allan Brewer Carías y descartar aquellos
aspectos que comprueban su inocencia.
14.
Los peticionarios alegan que durante la etapa investigativa, los defensores de Allan
Brewer Carías no pudieron obtener copia de las actuaciones, sino que sólo se les permitió transcribir a
mano las distintas piezas del expediente. Alegan por lo tanto que se los privó de tiempo y condiciones
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razonables para su defensa . Sostienen que durante la revisión del expediente, Allan Brewer Carías
encontró que los textos transcritos en el acta de imputación fiscal no se correspondían con el contenido
de los videos considerados como prueba. En vista de lo anterior, se solicitó a la Fiscal provisoria la
realización de una transcripción técnica especializada del contenido de todos los videos con entrevistas a
periodistas, utilizados como elementos probatorios en la imputación fiscal. La solicitud fue denegada el
21 de abril de 2004 con fundamento en que “nada aportaría a la investigación”.
15.
Alegan asimismo que el 21 de abril de 2004 la Fiscal Sexta rechazó los testimonios de
Nelson Mezerhane, Nelson Socorro, Yajaira Andueza, Guaicaipuro Lameda y Leopoldo Baptista,
ofrecidos por la defensa, con fundamento en que se trataba de testigos referenciales cuyas
declaraciones carecían de valor probatorio a la luz de la normativa vigente.
16.
Indican que el 27 de enero de 2005 la Fiscal Provisoria Sexta formuló imputación fiscal
contra Allan Brewer Carías por el delito de conspiración para cambiar violentamente la Constitución
mediante la redacción del Decreto Carmona. Alegan que ésta se basó en la denuncia del Coronel del
Ejército en servicio Ángel Bellorín que indicaba como un hecho notorio comunicacional reiterado y por
todos conocido a través de los diversos medios de comunicación que Allan Brewer Carías, conocido
como experto en materia constitucional, sería uno de los autores de dicho decreto.
…continuación
preparada con la asistencia de mis defensores Rafael Odremán y León Henrique Cottib contra la infundada acusación fiscal por el
supuesto delito de conspiración, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2006, pág. 192, entre otros.
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Alegan que a esta Fiscal, y a otros diez fiscales, se les habrían asignado todos los procesos sobre disidentes políticos.
Actualmente Luisa Ortega Díaz se desempeñaría como Fiscal General de la República.
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Alegan que esta fiscal habría sido posteriormente sustituida por la Fiscal María Alejandra Pérez.
Los peticionarios señalan que actualmente el proceso se encuentra ante el Juzgado 25 de Control, ante el cual la
defensa sí tiene acceso a los expedientes. Sin embargo, consideran que la falta de acceso en la fase investigativa fue un gravamen
irreparable.