una información adicional, elaborada por el Banco Central del Uruguay de fecha 15 de septiembre de 2006. Esta información ha sido transmitida a las peticionarias. III. POSICIONES DE LAS PARTES A. Posición de las peticionarias 5. Las peticionarias denunciaron la presunta violación del derecho a la propiedad de 686 ahorristas uruguayos sobre sus depósitos, como consecuencia de la “pasiva complicidad” de las autoridades uruguayas frente a la “estafa” cometida por los miembros y dirigentes del Banco de Montevideo1. La petición señala que el 21 de junio de 2002 fueron intervenidos por el Banco Central del Uruguay el Banco de Montevideo y el Banco Caja Obrera, los dos pertenecientes al Grupo Velox. Según la petición, el 24 de junio de 2006, alrededor de 1,200 ahorristas del Banco de Montevideo se enteraron de que sus ahorros habían sido transferidos al exterior sin su consentimiento y que habían sido víctimas de una “gran estafa” llevada a cabo por la familia Peirano, socia mayoritaria del Grupo Velox, con la complicidad y pasividad del Banco Central del Uruguay y el Ministerio de Economía y Finanzas. 6. Las peticionarias alegaron que la estafa se realizó de la siguiente manera. La sociedad denominada Trade & Commerce Bank (TCB), poseía una oficina de representación en Montevideo con domicilio en el mismo edificio del Banco de Montevideo, y tenía facultades para ofrecer servicios de asesoramiento y asistencia técnica con el fin de preparar, promover o facilitar negocios de sus representados. El TCB no podía realizar, por cuenta propia ni de sus representados, actividades de intermediación financiera, como tampoco operaciones crediticias y cambiarias, ni recibir sumas de dinero, títulos valores o metales precioso de terceros a cualquier título. Sin embargo, el TCB, sin autorización del Banco Central del Uruguay y ante la falta de fiscalización de éste, a través de su intermediario el Banco de Montevideo, captaba ahorro público viciando el consentimiento de los ahorristas. Luego, se giraban los depósitos a las Islas Caimán donde se encontraba el domicilio del Grupo Económico Velox, propietaria tanto del Banco de Montevideo como del TCB. 7. Así, se alega, los clientes fueron engañados, creyendo que sus ahorros eran depositados en el Banco de Montevideo, pero éstos, de hecho, eran trasladados a cuentas en el exterior. Según las peticionarias, para inducir a error a los depositantes, la sociedad organizó una serie de datos y herramientas para viciar la voluntad de las víctimas como la identidad entre el logo del Banco de Montevideo S.A y el del Trade & Commerce Bank. Las peticionarias informan que, con la intervención del Banco Central del Uruguay al Banco de Montevideo, se descubrió esta situación, la cual afectó aproximadamente a 1,200 personas en Uruguay, Argentina y Paraguay. 8. Las peticionarias señalaron que estos hechos se presentaron dentro de un contexto de crisis financiera por la que atravesó el Uruguay como reacción por la crisis Argentina 2. Para contrarrestar dicha crisis el Parlamento uruguayo emitió, el 27 de diciembre de 2002, la Ley 17.613 sobre “Fortalecimiento del Sistema Bancario”3. Aducen las peticionarias, que si bien dicha ley pretendía paliar los efectos devastadores de la crisis para los usuarios del sistema financiero, ésta fue ineficaz y no proveyó a los ahorristas adecuado acceso a un recurso efectivo para recuperar sus ahorros en violación al derecho al acceso a los recursos judiciales, establecido en el artículo 25 de la Convención Americana. Según lo sostenido por las peticionarias, el artículo 31 de la citada Ley facultó al Banco Central del Uruguay a otorgar a los ahorristas del Banco de Montevideo los mismos derechos que correspondieran a los demás ahorristas, en aquellos casos en que sus depósitos hubieren sido “transferidos a otras 1 La estafa, según las peticionarias, afectó aproximadamente a 800 millones de dólares estadounidenses de los ahorristas, y a 97 millones de dólares con respecto al TCB. 2 El 1º de diciembre de 2001, el Ministro argentino de Economía, Cavallo y el Presidente de Argentina, De la Rúa, firmaron el decreto que prohibió extraer de los bancos argentinos más de 150 dólares por semana a cada ahorrista. El así-llamado “corralito” llevó a los argentinos a sacar sus depósitos de los bancos uruguayos. En los bancos uruguayos había casi 16.000 millones de dólares y más del 45% de los depósitos en moneda extranjera (6.200 millones de 13.600 millones) pertenecían a no residentes, casi todos argentinos. 3 Ley Nº 17.613 sobre “Fortalecimiento del Sistema Bancario, Intermediación Financiera, Protección del Ahorro Bancario y Subsidio por Desempleo para Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias”. 2

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