INFORME Nº 26/00 CASO 11.821 ALDEA DE MOIWANA SURINAME 7 de marzo de 2000 I. RESUMEN 1. La denuncia fue presentada por "Moiwana ’86 Organización de Derechos Humanos de Suriname" el 11 de julio de 1997 y se refiere a la ejecución extrajudicial de más de cuarenta habitantes de la aldea de Moiwana, una de las comunidades del pueblo Cimarrón (Maroons) de Suriname, y a la destrucción intencional de sus bienes por miembros del Ejército de ese país, así como a la falta de garantías judiciales, debido proceso y reparaciones por esos actos. El Estado no respondió a las solicitudes de información enviadas por la Comisión, la cual tras analizar la petición y el cumplimiento de los requisitos previstos para la aplicación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (la "Declaración") y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (la "Convención") decidió declarar el caso admisible en cuanto se refiere a presuntas violaciones a los artículos I, derecho a la vida y seguridad personal; VII, derecho de protección a la maternidad y a la infancia; IX, derecho a la inviolabilidad del domicilio; y XXIII, derecho a la propiedad, todos ellos de la Declaración; y a los artículos 8(1), garantías judiciales; y 25(2), derecho a la protección judicial, y al artículo 1(1) (obligación de respetar los derechos) de la Convención. II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN 2. La Comisión recibió la denuncia el 11 de julio de 1997 y la transmitió al Gobierno el 30 de octubre de ese año, solicitando respuesta dentro de 90 días. Frente a la falta de respuesta del Gobierno, la Comisión reiteró en dos oportunidades ese pedido, el 2 de junio de 1998 y el 25 de febrero de 1999, indicando que consideraría la aplicación del artículo 42 de su Reglamento en el caso de no recibirse respuesta dentro de 30 días. La Comisión no ha recibido respuesta alguna del Estado hasta la fecha. III. POSICIONES DE LAS PARTES A. El peticionario 3. La denuncia señala como antecedente general que en 1980 un grupo de oficiales del Ejército Nacional de Suriname llevó a cabo un golpe de Estado, y su líder, Desi Bouterse, se declaró Comandante en Jefe del Ejército. Dichos militares procedieron a nombrar una administración formada por civiles que anunció que llamaría a elecciones. Sin embargo, esas elecciones no se realizaron y en cambio siguió un período de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, que fueron documentadas en general por la CIDH en varios informes1. 4. Como antecedente específico, la denuncia indica que en 1986 se organizó un grupo de oposición armado (el "Comando de la Jungla") con apoyo de surinameses en el exilio en Holanda, y bajo la jefatura de Ronnie Brunswijk, un ex-miembro de la custodia de Desi Bouterse. Ese grupo inició sus acciones atacando puestos militares en la zona Este de Suriname, en el territorio de los Ndjuka Maroon, pueblo al que pertenecía Brunswijk y la mayoría de sus seguidores armados. El Ejército respondió con extensas operaciones en la región, y con una represalia sistemática y colectiva contra la población Cimarrona, alegando que ayudaban al Comando de la Jungla. Aldeas de Cimarrones, que pertenecían a otras tribus y que habitaban distintas regiones, fueron objeto de represalia del Ejército surinamés, asesinando entre 150 y 200 civiles. Recuerda, entre otros, que la CIDH documentó 2 que los Cimarrones habían sido víctimas de hambrunas forzadas, cortes ilegales de beneficios y "etnocidio". 1 Informes sobre la Situación de los Derechos Humanos en Suriname, 1983 y 1985, varias resoluciones (entre ellas las publicadas en el Informe Anual 1988-89, pág. 123-54) y dos casos ante la Corte Interamericana (Nos. 10.150 y 10.274). 2 Informe Anual CIDH 1986-87, págs. 263-65. 1

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