INFORME Nº 24/05 1 PETICIÓN 282/04 ADMISIBILIDAD ANA MARÍA RUGGERI COVA, PERKINS ROCHA CONTRERAS Y JUAN CARLOS APITZ BARBERA VENEZUELA 8 de marzo de 2005 I. RESUMEN 1. El 6 de abril de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión" o “CIDH”), recibió una denuncia presentada por Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz Barbera (en adelante los peticionarios) asistidos por el Dr. Héctor Faúndez Ledesma (en adelante “el representante de los peticionarios”), en la cual se alega la responsabilidad internacional de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante el Estado venezolano o "el Estado") por la destitución de los peticionarios de sus cargos de Magistrados de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo (en adelante la “Corte Primera”). Los peticionarios alegan que los hechos denunciados configuran violaciones a varias disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convención Americana"): derecho a las garantías judiciales (artículo 8); a los derechos políticos (artículo 23); igualdad ante la ley (artículo 24), protección judicial (artículo 25), y derechos que derivan de la forma democrática representativa de gobierno (artículo 29 c) en concordancia con la obligación general prevista en el artículo 1(1) y el deber previsto en el artículo 2 del citado instrumento. 2. Los peticionarios alegaron que la petición cumplía con los requisitos de admisibilidad establecidos en la Convención Americana. Los peticionarios adujeron que en el presente caso obraba una causal de excepción al agotamiento por retardo judicial injustificado dado que la resolución a los recursos por ellos interpuestos excedieron los plazos establecidos por la ley venezolana. Adicionalmente, aducen que la destitución de la cual fueron objeto fue dispuesta por un órgano sin competencia en la materia, carente de independencia y sin permitírseles el derecho a la defensa. 3. En su respuesta el Estado solicitó que la petición fuera declarada inadmisible. Argumentó con este propósito que los peticionarios fueron destituidos de sus cargos de Magistrados de la Corte Primera por causal de haber “incurrido en grave error inexcusable, según lo establecido en sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 3 de junio de 2003”. Indica que en conformidad con el ordinal 4 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, la Inspectoría General de Tribunales (en adelante “Inspectoría General” o “Inspectoría”) concluyó que los Magistrados antes señalados debían ser destituidos. Señala el Estado que el proceso de destitución fue realizado en apego a las reglas que garantizan el debido proceso y el derecho a la defensa. 4. Tras analizar las posiciones de las partes, la Comisión concluyó que era competente para decidir sobre el reclamo presentado por las presuntas víctimas, y que el caso era admisible a la luz de los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. En consecuencia, la Comisión decidió notificar a las partes y hacer público el presente Informe de Admisibilidad e incluirlo en su Informe Anual. II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN 5. El 6 de abril de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia presentada por los Dres. Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz Barbera contra el Estado venezolano. La Comisión radicó la petición bajo el 1 El Comisionado Freddy Gutiérrez, de nacionalidad venezolana, no participó en las deliberaciones y la votación sobre el presente informe, de conformidad con el artículo 17(2)(a) del Reglamento de la Comisión. 1

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