numero P-282/04 y transmitió las partes pertinentes de dicha petición al Estado de
conformidad con el artículo 30(2) del Reglamento de la CIDH el 18 de mayo de 2004 con un
plazo de dos meses para que presentara sus observaciones.
6. El 26 de octubre el Estado presentó un informe de respuesta a la petición. El 17 de
noviembre de 2004, la Comisión remitió a los peticionarios las partes pertinentes de la
respuesta del Estado.
III.

POSICIÓN DE LAS PARTES

A.

Posición de los peticionarios

7. Los peticionarios aducen que el 30 de octubre de 2003 fueron destituidos de sus cargos de
Magistrados de la Corte Primera 2. Adjudican su destitución al hecho de que entre agosto de
2002 y agosto de 2003 la Corte de la cual eran Magistrados, dicta por lo menos una docena de
sentencias contrarias a los órganos de la administración que, en el contexto de polarización
política existente en el país, habría causado malestar al Poder Ejecutivo y fueron de
trascendencia nacional 3.
8. Afirman que al destituirlos de su condición de jueces, bajo la presunción de haber cometido
graves irregularidades, se les vulneró la garantía y derecho a gozar de la permanencia en las
funciones públicas. Arguyen haber recibido un trato discriminatorio al que se le aplicó a otros
jueces, por haberlos sometido a un procedimiento inédito, expedito y desprovisto de todas las
garantías de defensa. Adicionalmente, alegan que hubo un trato preferencial para aquellos
jueces afectos a la administración. Aducen no haber tenido acceso a un recurso sencillo y
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes e
independientes. Indican que contra la medida de destitución, los peticionarios interpusieron un
recurso jerárquico de nulidad ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que no había
sido resuelto dentro de los plazos establecidos por la ley. La demora del órgano jurisdiccional
venezolano, conforme a los peticionarios, es irrazonable y constituye una violación adicional
del derecho a las garantías y a la protección judicial.
9. Haciendo un recuento de los hechos que llevaron a su destitución, los peticionarios indican
que el 3 de junio de 2003 la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia
conociendo una solicitud de avocamiento contenida en el expediente Nº 2002/0898 declara la
verificación de un error judicial inexcusable en una sentencia de la Corte Primera del 11 de
junio de 2002 ordenando se remitiera copia certificada de esa decisión al Inspector General de
Tribunales. Se indica que el 18 de septiembre de 2003 el Sr. Alfredo Romero Oliveros, chofer
del Juez Perkins Rocha, es detenido por agentes de la Dirección de Servicios de Inteligencia y
Prevención (DISIP) cuando éste se disponía a trasladar dicho expediente judicial al domicilio
del Relator Externo de la Corte Primera 4.
2 Al momento en que los peticionarios actuaban como Magistrados, de la Corte Primera en lo Contencioso
Administrativo, dicha Corte era un órgano judicial desconectado de la Sala Político administrativa del Tribunal Supremo
de Justicia con competencia nacional, cuya misión constituía la de revisar todos los actos administrativos del poder
nacional, del poder público estatal y municipal a excepción de los actos de rango ministerial. Indican los peticionarios
que después del Tribunal Supremo, la Corte Primera actuaba como el tribunal de mayor jerarquía a nivel nacional.
3 Entre algunos de los casos que tomaron trascendencia a nivel nacional, los peticionarios se refirieron a los siguientes
casos reportados por la prensa como los fallos polémicos: “Disidentes. Desde el 11-04-02 La Corte suspendió los
consejos de investigación iniciados contra los disidentes militares. Militarización Miranda: El 27-11-02 admitieron un
amparo contra militarización de Miranda. Intervención de la Policía Metropolitana: El 20-05-03 ordenaron la devolución
de vehículos confiscados a la PM. Unapetrol: El 12 de junio acordaron medida cautelar a favor de trabajadores de
Unepetrol que respaldaron el paro de Pdvsa. Médicos Cubanos: El 21 de agosto suspendieron el placet a los médicos
cubanos que colaboraban con el Plan Barrios Adentro que creó el Gobierno. Esta decisión fue objetada en el Tribunal
Supremo. Globovisión: Antes de que los suspendieran a los magistrados Apitz y Rocha, estaba listo un fallo que exigía
devolver los equipos incautados de Globovisión”. Artículo del Universal, Suspensión de Corte Primera divide a
magistrados, Irma Álvarez. Octubre de 2003.
4 En la denuncia los peticionarios indican que el señor Alfredo Romero Oliveros fue trasladado el 19 de septiembre a la
sede central de la DISIP donde permaneció por un lapso de 36 horas privado de alimentación, bebidas, incomunicado
e interrogado sobre el modus vivendi de sus superiores. Se indica que el 20 de septiembre de 2003 el Juzgado Quinto
de Control del Circuito Judicial Penal del Estado de Miranda dictó medida privativa de la libertad contra Oliveros

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