INFORME No. 30/17
PETICIÓN 1118-11
INFORME DE ADMISIBILIDAD
COMUNIDAD MAYA Q’EQCHI’ AGUA CALIENTE

GUATEMALA
18 DE MARZO DE 2017

I.

RESUMEN

1.
El 19 de agosto de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la
Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por el Indian Law
Resource Center, la Comunidadad Maya Q’eqchí’ Agua Caliente y Rodrigo Tot (en adelante, “los peticionarios”)
contra Guatemala (en adelante, “Guatemala” o “el Estado”). La petición fue presentada en representación de la
comunidad maya Q’eqchi’ Agua Caliente (en adelante, “la presunta víctima”).
2.
Los peticionarios sostienen que Guatemala violó los derechos a la propiedad colectiva de las
tierras y recursos naturales, así como la libre determinación y autogobierno de la Comunidad Maya Q’eqchi’
Agua Caliente, debido a la falta de una ley especial que reconozca dichos derechos. Alegan que las leyes
existentes han desconocido tales derechos y omitido la participación de los pueblos indígenas en los procesos
y procedimientos que regulan la adjudicación de sus tierras, explotación de minerales en sus territorios y
aprobación de estudios de impacto ambiental de proyectos mineros.
3.
Por su parte el Estado señala que garantiza constitucionalmente los derechos individuales y
colectivos de los pueblos o comunidades indígenas, quienes cuentan con los medios de protección judicial para
la tutela de sus intereses económicos, sociales, culturales y ambientales. Afirma que “el Estado es el único que
puede disponer de sus bienes y es quien tiene la potestad de conceder licencias de derecho minero, por lo que
éste puede decidir conforme a las normas que regulan la materia, la concesión de los proyectos sobre la
actividad minera”. Sostiene por otra parte que las presuntas víctimas no han agotado los recursos internos
respecto a la titularización de sus tierras y a la oposición al proyecto minero.
4.
Sin prejuzgar sobre el fondo de la denuncia, tras analizar las posiciones de las partes y en
cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (en adelante, "la Convención Americana" o "la Convención") y 31 a 34 del Reglamento de la CIDH (en
adelante “Reglamento”), la Comisión decide declarar la petición admisible a efectos de examinar los alegatos
relativos a la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 3 (derecho al reconocimiento de
la personalidad jurídica), 8 (garantías judiciales), 21 (derecho a la propiedad privada), 24 (igualdad ante la ley)
y 25 (protección judicial), en relación con los artículos 1.1 (obligación de respetar derechos) y 2 (deber de
adoptar disposiciones de derecho interno) de la Convención Americana. La Comisión decide además notificar
esta decisión a las partes, publicarla e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos.
II.

TRÁMITE ANTE LA CIDH

5.
La CIDH recibió la petición el 19 de agosto de 2011 y transmitió copia de las partes pertinentes
al Estado el 5 de febrero de 2015, otorgándole un plazo de tres meses para someter sus observaciones, con base
en el artículo 30.3 de su Reglamento. El 7 de mayo de 2015 se recibió la respuesta del Estado, la cual fue
trasladada a los peticionarios el 4 de junio de 2015.
6.
Los peticionarios presentaron observaciones adicionales el 22 y 23 de agosto de 2011, 17 de
abril de 2012 y 11 de noviembre de 2013. Estas observaciones fueron debidamente trasladadas al Estado.

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