encubrir a Manuela, levantándose un acta que manipuló sus comentarios. Además alegan, que hicieron al padre de Manuela, analfabeto, firmar un documento que fue utilizado como una denuncia contra de su hija, lo cual aducen es ilegal bajo el Código de Procedimiento Penal vigente en la época, que establecía la prohibición de denuncias por parentesco. Además, alegan que el médico forense que acudió a la casa de Manuela emitió actas con serias discrepancias, principalmente sobre el estado del cordón umbilical. 4. Así, sostienen que el 28 de febrero Manuela fue arrestada y esposada a la camilla, permaneciendo detenida por 8 días, tras lo cual fue trasladada a la delegación de Policía de Morazán, y posteriormente, al Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas San Miguel. Alegan que fue dada de alta del hospital público de San Francisco Gotera sin chequeo médico completo, y que en la cárcel nunca se le realizó revisión médica, siendo ofendida por los hechos que se le imputaban al quejarse de sus dolencias. Alegan que en el expediente iniciado, obra un acta policial de 28 de febrero que contiene diversas irregularidades, como el sostener que Manuela fue aprendida “en flagrancia” por delito de homicidio; referir que se le explicaron los hechos de los que se le acusaba y se le leyeron sus derechos, y habérsele consultado si tenía dinero para contratar un defensor; así como la hora de levantamiento y el no contener su huella digital, indicando que Manuela no la quiso firmar, sobre lo cual se aduce que el acta es falsa, pues se le detuvo sin los requisitos mínimos de la detención. Adicionalmente, refieren otra acta del mismo día, suscrita por la policía, asignando defensor de oficio a Manuela, con la firma del abogado y la policía, pero sin la huella o firma de Manuela, documento que se alega también es falso pues ella nunca aceptó dicho abogado. Agregan que en marzo de ese año, funcionarios del Instituto de Medicina Legal exigieron a los padres de Manuela registrar el nacimiento del mortinato, entre insultos y recriminaciones y que, incurriendo en una fuerte deuda, debieron viajar a registrar el nacimiento y posteriormente la defunción del feto. 5. Indican que, el 2 de marzo de 2008 el Juzgado de Paz de la Ciudad de Cacaopera admitió un requerimiento fiscal de iniciar instrucción formal por el delito de homicidio agravado, con detención de Manuela, y ese día la policía acudió al hospital a pedirle que firmara un acta donde se le notificó el requerimiento fiscal, sin embargo, nadie le explicó verbalmente la acusación pese a ser analfabeta y encontrarse sin defensor. Refieren que, al día siguiente se le nombró nuevamente el mismo defensor de oficio. Agregan que en la primera audiencia se desarrolló sin presencia de Manuela, y sin que ella hubiese hablado con su defensor; que en la audiencia de revisión de medida cautelar fue representada por otra abogada, con quien no pudo hablar pese a requerirlo, manteniéndose la medida, y que; en la audiencia preliminar se remplazó nuevamente al representante, sin previo aviso. Agregan que el juez estimó suficientemente probada la existencia de un delito, sustentado en que el feto murió por asfixia mecánica por obstrucción de la vía superior y hemorragia severa por el ombligo, y la prueba descansaba principalmente en la supuesta denuncia de su padre. Indican que, el 31 de julio de 2008 se realizó la audiencia de vista pública y el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera condenó a Manuela a 30 años de prisión por homicidio agravado, siendo la primera vez que Manuela conoció a su defensor. Sostienen que el 11 de agosto de 2008 se dio lectura a la sentencia, sin que su defensor interpusiera recurso de casación, el que refieren era nominalmente en la época el recurso ordinario disponible, ni notificó a Manuela de que existía ésta posibilidad. 6. Agregan que la madre de Manuela dejó de visitarla en julio de 2008, puesto que en las visitas era sometida a inspección vaginal y anal en contra de su voluntad, en condiciones no higiénicas, sufriendo graves consecuencias en su salud mental. Además, refieren que durante la reclusión de Manuela en San Miguel, su salud continuó empeorando, y que las autoridades esperaron un año antes de llevarla a un hospital en febrero de 2009, siendo diagnosticada con linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular, iniciando un tratamiento de quimioterapia, el que fue recibido de forma incompleta, pues en varias ocasiones el penal no la trasladó al hospital, y fue obligada a pasar el periodo post quimioterapia en su celda. Agregan que el 10 de septiembre de 2009 fue trasladada al Centro de Readaptación para Mujeres, Ilopango, para facilitar su traslado al Hospital Nacional Rosales, sin embargo, tampoco la llevaron a recibir el ciclo completo de quimioterapias, siendo ingresada al hospital en enero de 2010 donde permaneció hasta el 30 de abril de 2010, día en que falleció. 7. Indican que con el apoyo de las organizaciones peticionarias que conocieron del caso 3 , su padre presentó el 27 de octubre de 2011 una denuncia disciplinaria y penal contra el abogado defensor por su participación en falsificación de documento público respecto del documento de notificación de la detención de 3 Center for Reproductive Rights y Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local. 3

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