INFORME No. 4/09 PETICIÓN 914-98 ADMISIBILIDAD MIEMBROS DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE ECASA PERÚ 11 de febrero de 2009 I. RESUMEN 1. El 11 y 12 de noviembre de 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también "la Comisión Interamericana", "la Comisión" o "la CIDH") recibió una petición presentada por el señor Jesús Mogollón, Pablo Álvarez y el Sindicato Único de Trabajadores de ECASA1 (en adelante también “el SUTECASA” o "los peticionarios") a favor de los miembros del Sindicato Único de Trabajadores de ECASA (en adelante también “las presuntas víctimas”), en la cual se alega la violación por parte de la República de Perú (en adelante también "Perú", "el Estado" o "el Estado peruano") de los derechos consagrados en los artículos 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana”, “la Convención” o la “CADH”). 2. Los peticionarios indicaron que en el marco del proceso de privatización de empresas estatales en el año 1991, el gobierno decidió liquidar a la Empresa Comercializadora de Alimentos S.A. (en adelante también “ECASA”) generando el despido de las presuntas víctimas en desconocimiento de las garantías establecidas en el Pacto Colectivo que las regía, todo con sustento en los Decretos 057-90-TR y 107-90-PCM, mediante los cuales se dispuso suspender los incrementos salariales fijados por Convenios Colectivos. Los peticionarios indicaron que ante esta situación interpusieron recurso de amparo que resultó favorable en todas las instancias. Detallaron que la decisión definitiva estableció la inaplicabilidad de los referidos decretos para los trabajadores de ECASA, pero que el Estado peruano se ha abstenido de reponer las cosas al estado anterior de esa aplicación, mediante el pago de los beneficios adeudados y reconocidos por diversas instancias estatales. 3. Por su parte, el Estado de Perú argumentó que la sentencia que se alega incumplida tan sólo declaró la inaplicabilidad de los Decretos, sin establecer el pago de sumas a favor de las presuntas víctimas. El Estado indicó que para lograr el pago de los beneficios que los peticionarios consideran adeudados, les corresponde iniciar un proceso laboral ordinario declarativo sobre dicha deuda. En ese sentido, el Estado argumentó que los peticionarios no agotaron los recursos internos pues utilizaron la vía judicial errónea al acudir a un mecanismo constitucional y no al referido proceso laboral. 4. Tras examinar la posición de las partes a la luz de los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la Comisión concluyó que es competente para conocer el reclamo presentado y que la petición es admisible por la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 21, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones generales establecidas en los artículos 1(1) y 2 del mismo instrumento. Los artículos 2 y 21 de la Convención han sido incorporados por la Comisión en virtud del principio iura novit curia. La Comisión también concluyó que la petición es inadmisible en cuanto a la presunta violación del artículo 24 de la Convención Americana. En consecuencia, la Comisión decidió notificar a las partes, hacer público el presente Informe de Admisibilidad e incluirlo en su Informe Anual. 1 Posteriormente el señor José Chulles Espinoza se constituyó en co-peticionario.

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