INFORME Nº 38/07 1 PETICIÓN 12.263 ADMISIBILIDAD MARCIA BARBOSA DE SOUZA BRASIL 26 de julio de 2007 I. RESUMEN 1. El 28 de marzo de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “CIDH”) recibió una petición presentada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Movimiento Nacional de los Derechos Humanos (MNDH) / Regional Nordeste (en adelante “los peticionarios”), siendo la información actualizada el 3 de octubre de 2006, en la cual se alega la violación por parte de la República Federativa del Brasil (en adelante, “Brasil” o “el Estado”, de los artículos 2, 4, 24, 25 y 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana”), tanto como 3, 4, 5 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (en adelante la Convención de Belém do Pará) en perjuicio de Marcia Barbosa de Souza. 2. A través de la presente petición, se denuncia al Estado como responsable de violaciones a los derechos de la Srta. Marcia Barbosa de Souza, cuyo cuerpo fuera encontrado sin vida en un terreno baldío en las inmediaciones de la ciudad de João Pessoa, Capital de Paraiba, el 18 de junio de 1998. En relación a ello, se inició una investigación policial por la policía local, la cual fuera concluida el 27 de agosto de 1998. Se atribuye la responsabilidad del crimen a un Diputado Estadual, supuesto amante de la presunta víctima. Por ello, la Procuraduría General de Justicia se habría visto en un principio impedida de entablar acción penal contra el aludido sujeto, en razón de sus fueros parlamentarios, al no haber la Asamblea Parlamentaria conferido autorización para este proceder. El 20 de diciembre de 2001, con la aprobación de la Enmienda Constitucional Nº 35/2001, se determinó que la acción penal contra parlamentarios sería admitida independientemente de la autorización de la Asamblea Legislativa. No obstante ello, las autoridades con competencia en Paraiba, no reiniciaron el impulso de la acción penal hasta marzo del año 2003. Transcurridos más de 4 (cuatro) años, a la fecha de la remisión de la última información, la causa aún no ha sido juzgada, tramitándose con extrema lentitud. La decisión que vaya a recaer, es susceptible de ser objeto de varios recursos revisivos, habiendo transcurrido más de 8 (ocho) años desde que tuviera lugar el hecho, lo cual extendería la impunidad en relación al caso. 3. El 26 de septiembre de 2000, el Estado contestó la petición deducida, remitiendo una información adicional sobre el asunto en fecha 31 de octubre de 2000, manifestando que el Procurador General del Estado de Paraiba y el Ministerio Público presentaron denuncia contra el Diputado Estadual acusado. En dos oportunidades se solicitó el desafuero del sujeto para instaurarse acción penal en su contra, siendo las solicitudes denegadas. 4. Tras examinar la posición de las partes a la luz de los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la Comisión decidió declarar admisible el caso en relación con los artículos 4, 8.1, 24 y 25 de la Convención Americana, en conexión con la obligación general contenida en el artículo 1.1 del mismo 1 Conforme a lo establecido en el artículo 17(2)(a) del Reglamento de la CIDH, el Comisionado Paulo Sérgio Pinheiro, de nacionalidad brasileña, no participó en la decisión sobre esta petición 1

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