INFORME No. 29/19
CASO 13.015
INFORME DE FONDO
EMILIO PALACIO URRUTIA Y OTROS
ECUADOR
19 DE MARZO DE 2019
I.

RESUMEN

1.
El 24 de octubre de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la
Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición mediante la cual se alega la responsabilidad internacional de la
República de Ecuador (en adelante “el Estado” o “Ecuador”) por la presunta violación de los artículos 7
(libertad personal), 8 (garantías judiciales), 13 (libertad de pensamiento y expresión), y 21 (propiedad
privada) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o
“Convención”), en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Emilio Palacio
Urrutia, periodista y editorialista del Diario El Universo, Carlos Nicolás Pérez Lapentti, Carlos Eduardo Pérez
Barriga y César Enrique Pérez Barriga, directivos de dicho diario (en adelante “los peticionarios” o “las
presuntas víctimas”).
2.
La Comisión aprobó el informe de admisibilidad No. 66/15 el 27 de octubre de 2015 y
notificó dicho informe a las partes, quedando a disposición a fin de llegar a una solución amistosa. Las partes
contaron con los plazos reglamentarios para presentar sus observaciones adicionales sobre el fondo. Toda la
información recibida fue debidamente trasladada entre las partes.
II.

POSICIONES DE LAS PARTES

A.

Parte peticionaria

3.
La parte peticionaria refirió que las presuntas víctimas fueron condenadas por expresar
opiniones sobre un funcionario electo y respecto a actos vinculados al ejercicio de su cargo, en un juicio
marcado por irregularidades y con sanciones desproporcionadas e incompatibles con los estándares en
materia de libertad de expresión, además de que se afectaron sus derechos al debido proceso, a la libertad
personal, y a la propiedad privada, en un contexto de uso “[sistemático] del Poder Público para perseguir a
periodistas y medios de comunicación y así censurarlos”.
4.
Con respecto al derecho a la libertad de expresión, señaló que en ese contexto, se desató,
desde lo más alto del gobierno, una persecución política y judicial en contra del periodista Emilio Palacio
Urrutia y los directivos del diario El Universo de Guayaquil, como parte de una política gubernamental
destinada a suprimir la crítica, la rendición de cuentas a través de la prensa y el libre debate democrático.
Refirió que el diario "El Universo y sus directivos, los Sres. Carlos Nicolás Pérez Lapentti, Carlos Eduardo
Pérez Barriga y César Enrique Pérez Barriga han sido víctimas de una inclemente persecución por parte del
Estado Ecuatoriano”, a través de una serie de procesos de carácter sancionatorios que han resultado en
“elevadas multas y que continúan haciendo daño a la precaria situación económica del periódico”.
5.
Indicó que las presuntas víctimas fueron condenadas a pena de prisión por un delito que
protege a los funcionarios públicos, que “no es compatible con una sociedad democrática” y que, en este
sentido, la pena impuesta “no era necesaria ni proporcional”. Argumentó que la figura penal aplicada se
vuelve más gravosa ante la existencia de “desviación de poder, toda vez que esta condena fue dictada ante una
solicitud directa (querella) del [p]residente de la República” y que él mismo solicitó que se tomara en cuenta
para tipificar el delito "su rol como ‘Jefe de Estado y de gobierno’". Asimismo, alegó que se les impuso una
sanción económica por el delito de injurias calumniosas con montos exorbitantes que vulneran el derecho de
propiedad, con el potencial impacto del cierre del diario, el silenciamiento de un medio independiente, y la
potencial pérdida de empleo de varias personas.
6.
Asimismo, argumentó violaciones del derecho a las garantías judiciales debido a la “falta de
independencia del Poder Judicial” y en un contexto de “hostigamiento judicial y persecución contra
periodistas”; irregularidades en los nombramientos de jueces temporales, en el dictado de la sentencia de
primera instancia, en la denegación de pruebas, y en la preparación del juez que dictó la sentencia de primera
instancia. Finalmente, alegó que si bien una vez culminado el proceso el entonces Presidente Correa perdonó

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