INFORME No. 51/08 1 PETICIÓN 299-07 ADMISIBILIDAD ROBERT IGNACIO DÍAZ LORETO Y OTROS VENEZUELA 24 de julio de 2008 I. RESUMEN 1. El 14 de marzo de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también "la Comisión Interamericana", "la Comisión" o "la CIDH") recibió una petición presentada por el señor Luís Aguilera en su carácter de Secretario General de la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua y por la señora Juana Emilia Díaz Loreto (en adelante también "los peticionarios"), en la cual se alega la violación por parte de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante también "Venezuela", "el Estado" o "el Estado venezolano") de los derechos consagrados en los artículos 4 (vida) en perjuicio de Octavio Ignacio Díaz Álvarez, Robert Ignacio Díaz Loreto y David Octavio Díaz Loreto; 5 (integridad personal) en perjuicio de ellos y de los miembros de su familia; 7 (libertad personal) en perjuicio de Octavio Ignacio Díaz Álvarez, Robert Ignacio Díaz Loreto, David Octavio Díaz Loreto, Miguel Ángel Díaz Loreto y Jairo Alexis Díaz Loreto; y 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) en perjuicio de todos ellos, todos en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también "la Convención Americana" o "la Convención"). 2. Los peticionarios señalaron que el 6 de enero de 2003 los hermanos Robert Ignacio y David Octavio Díaz Loreto, al igual que su padre, Octavio Ignacio Díaz Álvarez, fueron ejecutados extrajudicialmente por parte de funcionarios policiales del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua (en adelante también “el CSOPA”). Indicaron que tras la ocurrencia de un supuesto asalto en la zona, 12 funcionarios ingresaron violentamente a la residencia de la familia Díaz Loreto y procedieron a maniatar e intentar introducir en una unidad policial a Robert Ignacio quien opuso resistencia, razón por la cual uno de los funcionarios le disparó en la pierna izquierda y lo montó en el automóvil. Según mencionaron, Robert Ignacio fue llevado a un lugar distante donde se encuentra un canal de descarga de agua negra en el cual le sumergieron la cabeza hasta causarle la muerte. Asimismo, indicaron que su hermano David Octavio Díaz Loreto y su padre Octavio Ignacio Díaz Álvarez, salieron en búsqueda de Robert Ignacio cuando fueron interceptados por una unidad del mismo cuerpo policial cuyos funcionarios procedieron a ordenarles que se bajaran del automóvil y a dispararles causándoles la muerte instantáneamente. Agregaron que los familiares de los fallecidos han continuado siendo objeto de diversos actos de amenaza y hostigamiento, y que tanto las ejecuciones extrajudiciales como los eventos posteriores, se encuentran en la impunidad. Con relación a los requisitos de admisibilidad, los peticionarios alegaron que en el presente caso se ha configurado un retardo injustificado y por lo tanto, corresponde aplicar la excepción al requisito de agotamiento de los recursos internos consagrada en el artículo 46.2.c de la Convención. 1 Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2 del Reglamento de la Comisión, la Comisionada Luz Patricia Mejía, de nacionalidad venezolana, no participó en el debate ni en la decisión del presente caso. 1

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