6. El 13 de noviembre de 2012 las presuntas víctimas designaron un nuevo representante, el señor Marcelo Dueñas Veloz. Dicha información fue trasladada al Estado el 19 de noviembre siguiente, con una solicitud de observaciones y una reiteración relacionada con observaciones pendientes. El 5 de febrero de 2013 el peticionario remitió información. El 22 de febrero de 2013 la CIDH la remitió al Estado y solicitó sus observaciones. El 4 de marzo de 2013 el Estado solicitó copia del expediente del caso y una prórroga para contestar la solicitud. El 11 de marzo de 2013 la CIDH remitió copia del expediente al Estado y le otorgó un mes adicional para responder. El 29 de abril y 24 y 26 de julio de 2013, el peticionario remitió información. El 8 de agosto de 2013 el Estado envió observaciones que fueron remitidas al peticionario el 19 de agosto siguiente. El 15 de agosto de 2013 la CIDH envió al Estado las comunicaciones del peticionario. 7. El 17 y 26 de septiembre de 2013 el peticionario remitió observaciones que fueron trasladadas al Estado el 27 de septiembre de 2013. El mismo 27 de septiembre la CIDH remitió al peticionario la contestación del Estado de 9 de enero de 2006, en vista de que no constaba en el expediente que se hubiese trasladado en su momento. El 21 de octubre de 2013 el Estado remitió información adicional, la cual fue trasladada al peticionario el 23 de octubre, éste respondió el 1 de noviembre de 2013. Esta comunicación fue trasladada al Estado el 14 de noviembre siguiente. El 28 de febrero de 2014 el peticionario solicitó que la CIDH se pronuncie sobre el fondo del asunto y el 18 de marzo de 2014 el Estado presentó observaciones. Éstas fueron remitidas al peticionario el 2 de mayo de 2014. El 11 de diciembre de 2014 los peticionarios presentaron información adicional. III. POSICIONES DE LAS PARTES A. Posición del peticionario 8. El peticionario alega la responsabilidad de Ecuador por un proceso penal policial instaurado en contra de las presuntas víctimas sin las debidas garantías, en cuyo marco se dictó una privación de detención mediante la aplicación retroactiva de una norma penal; así como la posterior falta de indemnización por el proceso penal y por la detención en firme, la falta de independencia e imparcialidad de los juzgadores y la falta de esclarecimiento por el proceso penal iniciado por prevaricato contra el ex Presidente de la Corte Nacional de Justicia Policial, quien les habría iniciado el proceso penal. 9. Asimismo, indica que las presuntas víctimas son oficiales de la Policía Nacional del Ecuador (en adelante “PN”). A ellos se les inició un proceso penal ante el fuero policial tras la publicación por parte de la Contraloría General del Estado del “Informe Parcial de: Indicios de Responsabilidad Penal del examen especial a las operaciones administrativas y financieras de la Comandancia General de la Policía Nacional. Casas Comerciales: TECMADIESEL GRUP, COTRANSA y DIJORMING” (en adelante “el Informe”)2. 10. Según el peticionario, el Informe de la Contraloría concluía que había mérito para abrir una investigación penal por peculado3 y hacía mención a las presuntas víctimas como involucradas; sin embargo, sostiene que no habría una clara individualización de las responsabilidades y que a las presuntas víctimas se les habría imposibilitado defenderse. El peticionario indica que las presuntas víctimas tuvieron noticia del Informe de la Contraloría mediante una nota periodística de fecha 22 de diciembre de 2001. 11. Indica que el Informe fue remitido por la Contraloría al Ministro Fiscal Distrital el 19 de diciembre de 2001. Agrega que la Fiscalía inició la fase indagatoria y llamó a declarar a los involucrados. Por su parte, el Presidente de la Corte Nacional de Justicia Policial (en adelante “CNJP”) solicitó una copia del informe, copia que se le remitió el 28 de enero de 2002 y con esto, “habría pasado el proceso al fuero policial”. 12. El peticionario expresa que el Informe señaló la posible comisión del delito de peculado menor que reprime con pena de prisión de entre 1 y 5 años de prisión; sin embargo este delito, en el Código Penal de la PN reprime con reclusión menor extraordinaria de entre 3 y 6 años, siendo más grave la eventual sanción 2 El objeto del informe habría sido estudiar las adquisiciones y operaciones financieras de la Comandancia General de la Policía Nacional del período del 1 de enero de 1998 al 30 de junio de 2000. 3 Delito tipificado en los artículos 257 inciso 3 y artículo 340, ambos del Código Penal (común). 2

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