justiciables ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 8. Evidentemente, la
discrepancia fundamental dice relación con lo dispuesto en el indicado Resolutivo N° 3,
ya que lo señalado en los mencionados Resolutivos N°s 11, 12 y 13 no son más que
consecuencias de aquél.
2.
A respecto, es menester señalar, previamente, que se reitera lo expresado en
los votos individuales emitidos por el suscrito 9 acerca de la invocación que en las
correspondientes Sentencias se hacen a la mencionada disposición convencional,
incluyendo las consideraciones generales y previas realizadas en algunos de ellos.
3.
Sin embargo, se debe igualmente señalar que, atendido que lo resuelto en el
resolutivo N° 3, aprobado por empate con el voto dirimente de la Presidenta,
constituye una innovación de la jurisprudencia de la Corte, en el presente escrito se
precisa o amplía y aún se modifica, en ciertos aspectos, lo que se señaló en los
indicados votos parcialmente disidentes.
4.
Es, asimismo, de suma relevancia desde ya indicar que este texto no se refiere
a la existencia de los derechos a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la
alimentación adecuada y al agua, como tampoco a la de los demás derechos
económicos, sociales y culturales. La existencia de tales derechos no es objeto del
presente escrito. Lo que, en cambio, se sostiene aquí es únicamente que la Corte,
contrariamente a lo indicado en la Sentencia, carece de competencia para conocer, al
amparo de lo previsto en el artículo 26 de la Convención 10, de las violaciones de
aquellos, esto es, que las presuntas vulneraciones de esos derechos no son
susceptibles de ser justiciables ante ella.
5.
Lo anterior no implica, por ende, que las violaciones de dichos derechos no
puedan ser justiciables ante las jurisdicciones nacionales correspondientes. Ello
dependerá de lo que dispongan los respectivos ordenamientos internos, materia que
escapa, en todo caso, al objeto del presente documento y que se inserta en la
jurisdicción interna, doméstica o exclusiva de los Estados Partes de la Convención 11.
8
En adelante, la Corte.
9
Voto Parcialmente Disidente del Juez Eduardo Vio Grossi a la Sentencia del 22 de noviembre de 2019,
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Hernández Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas; Voto Parcialmente Disidente del Juez Eduardo Vio Grossi, Corte Interamericana de
Derechos Humanos, Caso Muelle Flores Vs. Perú, Sentencia de 06 de marzo de 2019,(Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas); Voto Parcialmente Disidente del Juez Eduardo Vio Grossi, Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Caso San Miguel Sosa y Otras Vs. Venezuela, Sentencia de 8 de
febrero de 2018 (Fondo, Reparaciones y Costas); Voto Parcialmente Disidente del Juez Eduardo Vio Grossi,
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Lagos del Campo Vs. Perú, Sentencia de 31 de agosto de
2017, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costa; y Voto Individual del Juez Eduardo Vio
Grossi, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y Otros Vs.
Perú, Sentencia de 23 de noviembre de 2017 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
10
En adelante, artículo 26.
11
“La cuestión de si un asunto determinado corresponde o no a la jurisdicción exclusiva del Estado, es una
cuestión esencialmente relativa, la que depende del desarrollo de las relaciones internacionales. En el
estado actual del desarrollo del derecho internacional, la Corte es de opinión que los asuntos relativos a la
nacionalidad pertenecen, en principio, a ese dominio reservado”. Corte Permanente de Justicia
Internacional, Opinión Consultiva sobre ciertos decretos de nacionalidad dictados en la zona francesa de
Túnez y Marruecos, Serie B Nº 4, pág. 24.
Protocole n° 15 portant amendement à la Convention (Européenne) de Sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales, art.1: “A la fin du préambule de la Convention, un nouveau considérant est
ajouté et se lit comme suit: Affirmant qu’il incombe au premier chef aux Hautes Parties contractantes,
conformément au principe de subsidiarité, de garantir le respect des droits et libertés définis dans la
2