INFORME No. 140/11
CASO 11.845
FONDO
JEREMÍAS OSORIO RIVERA Y OTROS
PERÚ
31 de octubre de 2011

I.

RESUMEN

1.
El 20 de noviembre de 1997 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante también "la Comisión Interamericana", "la Comisión" o "la CIDH") recibió una petición
presentada por Porfirio Osorio Rivera y por la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) (en
adelante también “los peticionarios”), en representación de Jeremías Osorio Rivera (en adelante también
“la presunta víctima”) en la cual se alegó la violación por parte de la República del Perú (en adelante
también "Perú", "el Estado" o "el Estado peruano") de derechos consagrados en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la
Convención”). Los peticionarios afirmaron que el señor Jeremías Osorio fue detenido por miembros de
una patrulla del Ejército el 28 de abril de 1991 en la provincia de Cajatambo, departamento de Lima, sin
que se conozca su paradero desde esa fecha. Alegaron que las denuncias presentadas por los familiares
de la presunta víctima han resultado infructuosas y que un proceso seguido en el fuero militar fue
sobreseído de forma definitiva en febrero de 1996. Indicaron que las investigaciones fueron reabiertas en
junio de 2004, sin que hayan derivado en una decisión definitiva. Destacaron que pese al transcurso de
más de 20 años desde la presunta desaparición forzada de Jeremías Osorio Rivera, las autoridades
peruanas no han esclarecido los hechos, determinado su paradero, sancionado a los responsables y
proveído otras medidas de reparación a favor de sus familiares.
2.
El Estado describió las diligencias fiscales y judiciales en torno a la alegada desaparición
forzada de Jeremías Osorio Rivera. Manifestó que desde la reapertura de las investigaciones en junio de
2004 el Ministerio Público y el Poder Judicial vienen desplegando una serie de medidas con la finalidad
de determinar la verdad de los hechos y sancionar a los responsables. Argumentó que el transcurso de
varios años sin que exista una resolución judicial en firme se debe a la complejidad del caso y del delito
investigado.
3.
Tras analizar la posición de las partes, la Comisión Interamericana concluyó que el
Estado peruano es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 3, 4, 5, 7,
8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1
y 2 del mismo instrumento, así como en los artículos I y III de la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas.
II.

TRÁMITE DEL CASO ANTE LA CIDH

4.
El 20 de noviembre de 1997 la Comisión recibió la petición y la registró bajo el número
11.845. El trámite hasta la decisión sobre admisibilidad se encuentra explicado en detalle en el informe
1
No. 76/10 de 12 de julio de 2010 .
5.
En dicho informe la CIDH declaró la petición admisible en cuanto a la posible violación de
los derechos consagrados en los artículos 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con
las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, así como en los artículos I y
III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

1
CIDH, Informe No. 76/10, Petición 11.845, Admisibilidad, Jeremías Osorio Rivera, Perú, 12 de julio de 2010, párrs. 4 y
5, disponible en www.cidh.oas.org/casos/10.sp.htm.

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