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liberación habría ocurrido tras la entrega de dos carneros a los integrantes de la patrulla del Ejército.
Manifestaron que en la misma fecha la patrulla se retiró de Nunumia montada en caballos prestados por
algunos comuneros. Señalaron que los militares llevaron consigo al señor Jeremías Osorio Rivera con
las manos atadas detrás de la espalda y un pasamontañas que cubría su rostro.
12.
Los peticionarios indicaron que el 9 de mayo de 1991 el hermano de la presunta víctima,
Porfirio Osorio Rivera, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Provincial Penal de Cajatambo,
manifestando que el paradero de Jeremías Osorio permanecía desconocido desde el 30 de abril de
1991. Afirmaron que el Juzgado Provincial de Cajatambo abrió instrucción penal por el delito de violación
de la libertad personal contra el entonces teniente del Ejército Juan Carlos Tello Delgado. Señalaron que
la instrucción fue declinada al fuero militar en julio de 1992, siendo finalmente archivada el 7 de febrero
de 1996 mediante auto de sobreseimiento definitivo dictado por el Consejo Supremo de Justicia Militar.
13.
Los peticionarios alegaron que el teniente Juan Carlos Tello Delgado, con el fin de
encubrir los hechos, presentó posteriormente un documento de fecha 1º de mayo de 1991 titulado
“constancia de libertad”, en la cual obraría la firma y huella digital del señor Jeremías Osorio Rivera. Se
indica que este documento no fue suscrito por autoridad militar o judicial alguna, y que el contexto en el
que fue producido permitiría inferir que la presunta víctima fue obligada a firmarlo.
14.
Según lo alegado por los peticionarios, los familiares de la presunta víctima no pudieron
contar con una adecuada asesoría legal durante las actuaciones seguidas ante la Fiscalía y Juzgado
Provincial de Cajatambo entre mayo de 1991 y julio de 1992. Al respecto, sostuvieron que los abogados
de la mencionada provincia se negaban a patrocinar un caso contra militares, por temor a represalias.
Añadieron que en mayo de 1991 el señor Porfirio Osorio interpuso denuncias a la Fiscalía de la Nación
en Lima y a la Comisión de Derechos Humanos y Pacificación del Congreso Constituyente Democrático,
sin que hubiese recibido información sobre las investigaciones eventualmente adelantadas.
15.
Según lo alegado, el 14 de junio de 2004 Porfirio Osorio Rivera presentó una nueva
denuncia ante la Fiscalía Especializada en Desapariciones Forzadas, Ejecuciones Extrajudiciales y
Exhumación de Fosas Clandestinas (en adelante “la Fiscalía Especializada”), por la presunta
desaparición forzada de su hermano Jeremías Osorio. Indicaron que el 24 de septiembre del mismo año
la Fiscalía Especializada dispuso la apertura de investigación preliminar, la cual fue declinada a la
Fiscalía Provincial Mixta de Cajatambo el 8 de junio de 2005.
16.
Los peticionarios afirmaron que el 26 de octubre de 2005 la Fiscalía Provincial de
Cajatambo formalizó denuncia penal por el delito contra la humanidad – desaparición forzada y contra la
libertad personal de Jeremías Osorio Rivera. Señalaron que, a solicitud de Porfirio Osorio Rivera, el
conocimiento de la causa fue derivado al Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial, el que instruyó la etapa
de investigación y elevó el expediente a la Sala Penal Nacional. Se indica que el 30 de octubre de 2007
la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional presentó denuncia contra Juan Carlos Tello Delgado,
solicitando 20 años de privación de libertad y otras penas accesorias. Se aduce que el 29 de abril de
2008 la Sala Penal Nacional emitió auto de enjuiciamiento, declarando haber mérito para pasar al
imputado a juicio oral.
17.
Los peticionarios afirmaron que el 17 de diciembre de 2008 la Sala Penal Nacional dictó
sentencia absolutoria, alegando duda razonable en cuanto a la responsabilidad de Juan Carlos Tello
Delgado por los hechos sindicados. Según lo alegado, la Sala Penal dio por probada la desaparición de
Jeremías Osorio Rivera, pero consideró que el acusado Juan Carlos Tello Delgado lo había dejado en
libertad, información que se sostenía con la papeleta supuestamente suscrita por el agraviado titulada
“constancia de libertad”. Los peticionarios mencionaron que un examen grafotécnico realizado por la
Dirección de Criminalística de la Policía Nacional a comienzos de 1991 habría indicado que la huella
digital presente en dicha papeleta no correspondería a la de Jeremías Osorio Rivera. Agregaron que el
contexto en el que se dio su detención evidenciaría que su eventual firma sería producto de coacción por
parte de los integrantes de la patrulla del Ejército, sin que ello hubiese sido valorado por la Sala Penal
Nacional.

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