2 No. 150/10 la CIDH declaró los reclamos de los peticionarios admisibles en cuanto a la posible violación de los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. 5. El 10 de noviembre de 2010 la CIDH notificó el Informe de Admisibilidad a las partes y otorgó el plazo de tres meses para que los peticionarios presentasen sus observaciones sobre el fondo del asunto. En la misma comunicación la Comisión se puso a la disposición de las partes a fin de llegar a una solución amistosa en torno al caso. El 3 de diciembre de 2010 los peticionarios manifestaron su interés en entablar negociaciones con el Estado peruano con el fin de suscribir un acuerdo de solución amistosa. A su vez, el Estado no indicó si estaría interesado en iniciar un procedimiento de arreglo amistoso. 6. El 26 de febrero de 2011 los peticionarios presentaron sus observaciones sobre el fondo y el 18 de marzo del mismo año remitieron observaciones adicionales. El 24 de marzo de 2011 esa información fue transmitida al Estado peruano, otorgándosele el plazo de tres meses para que presentara sus observaciones sobre el fondo. El 29 de junio de 2011 el Estado presentó su respuesta, remitiendo información adicional en escritos recibidos por la CIDH el 28 de febrero, 29 de junio y 23 de agosto de 2012. Los peticionarios presentaron comunicaciones adicionales el 26 de septiembre y el 12 de octubre de 2011, 5 de mayo, 9 de julio y 12 de octubre de 2012. III. POSICIÓN DE LAS PARTES A. Posición de los peticionarios 7. En sus observaciones sobre el fondo los peticionarios reiteraron sus alegaciones de que el Estado sería responsable por la violación de los derechos previstos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, a raíz del cese presuntamente irregular de las presuntas víctimas en sus cargos. Manifestaron que ello tuvo lugar tras la ruptura del orden democrático, con el golpe de Estado perpetrado por el ex Presidente Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992. Señalaron que en ese contexto se dictaron decretos leyes que, entre otras medidas, dispusieron la disolución y reestructuración administrativa del Congreso de la República. Indicaron que el 16 de abril de 1992 se publicó el Decreto Ley No. 25438, el cual instituyó una Comisión Administradora del Patrimonio del Congreso de la República (en adelante “la Comisión Administradora”), la cual estuvo a cargo de un “proceso de racionalización de personal”. Indicaron que ese proceso consistió en la evaluación de los funcionarios del Congreso por medio de un examen de méritos, para que fuesen ratificados o, de no obtener el puntaje mínimo exigido, fuesen cesados en sus cargos. 8. Los peticionarios afirmaron que mediante la Resolución No. 1239-A-92-CACL se dispuso que “la Comisión Administradora del Patrimonio del Congreso de la República, no aceptaría reclamos sobre los resultados del examen”. Señalaron que a la luz del Decreto Ley No. 25759, el proceso de evaluación debería finalizarse el 18 de octubre de 1992, pero que el primer examen de mérito fue anulado tras una serie de denuncias en los medios de comunicación sobre la venta anticipada de las respuestas. Indicaron que el examen fue reprogramado para los días 24 y 25 de octubre de 1992, sin que existiera en este momento un presidente de la Comisión Administradora debidamente titulado. 9. Los peticionarios afirmaron que el 6 de noviembre de 1992 fue publicada la Resolución Suprema 532-92-PCM, la cual encargó la presidencia de la Comisión Administradora al Coronel del Ejército en reserva Carlos Novoa Tello. Adujeron que el artículo 87 de la Constitución de 1979 entonces vigente establecía que la vigencia de las resoluciones administrativas tiene inicio al día siguiente de su publicación, por lo cual la titulación del señor Novoa Tello se hizo efectiva solamente el 7 de noviembre de 1992. Señalaron que tras participar del proceso de evaluación, las presuntas víctimas fueron cesadas de sus cargos por medio de la resolución 1303-B-92-CACL.

Select target paragraph3