2 […] 3. El escrito de 4 de agosto de 2011, mediante el cual, luego de una prórroga concedida, el Perú señaló que solicitó información del Ministerio Público y del Poder Judicial sobre el paradero del señor Ernesto Rafael Castillo Páez, y que una vez fuera recibida la información solicitada, informaría a la Corte al respecto. 4. La nota de la Secretaría del Tribunal (en adelante “la Secretaría”) de 17 de agosto de 2011, mediante la cual, siguiendo instrucciones del Presidente en ejercicio para el presente caso y en atención a lo manifestado por el Estado (supra Visto 3), se concedió al Perú un plazo hasta el 16 de septiembre de 2011 para la presentación de información sobre las medidas adoptadas para “determinar el paradero de Ernesto Rafael Castillo Páez”. 5. El escrito de 5 de septiembre de 2011, mediante el cual los representantes de las víctimas (en adelante “los representantes”) remitieron sus observaciones a lo manifestado por el Estado (supra Visto 3). 6. Las notas de la Secretaría de 15 de febrero y 24 de mayo de 2012, mediante las cuales, luego de vencido el plazo otorgado al Estado, se solicitó al Perú la remisión de un informe estatal a la mayor brevedad, y la nota de la Secretaría de 8 de abril de 2013, mediante la cual se reiteró al Perú la remisión de un informe estatal, a más tardar el 10 de junio de 2013. Finalmente, la nota de la Secretaría 20 de agosto de 2013, mediante la cual, entre otros, se solicitó nuevamente al Estado la remisión de un informe estatal a más tardar el 21 de octubre de 2013. El Estado no presentó la información solicitada. CONSIDERANDO QUE: 1. Es una facultad inherente a las funciones jurisdiccionales de la Corte el supervisar el cumplimiento de sus decisiones. 2. El Perú es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia de la Corte el 21 de enero de 1981. 3. De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Convención Americana, las sentencias de la Corte deben ser prontamente cumplidas por el Estado en forma íntegra. Asimismo, el artículo 68.1 de dicho tratado estipula que “[l]os Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. Para ello los Estados deben asegurar la implementación a nivel interno de lo dispuesto por el Tribunal en sus decisiones 1. La referida obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Corte incluye el deber del Estado de informar sobre las medidas adoptadas al respecto. La oportuna observancia de la obligación estatal de indicar al Tribunal cómo está cumpliendo cada uno de los puntos ordenados por este es fundamental para evaluar el estado de cumplimiento de la Sentencia en su conjunto 2. 1 Cfr. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C No. 104, párr. 60, y Caso Castañeda Gutman Vs. México. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de agosto de 2013, Considerando tercero. 2 Cfr. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de noviembre de 2004, Considerando cuarto, y Caso del Pueblo Saramaka Vs. Suriname. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de septiembre de 2013, Considerando vigésimo cuarto.

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