INFORME No. 84/13
CASO 12.482
FONDO
VALDEMIR QUISPEALAYA VILCAPOMA
PERÚ
4 de noviembre de 2013

I.

RESUMEN

1.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión
Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición de fecha 3 de febrero de 2004 por parte
de la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), (en adelante la “peticionaria”), en la que denunció
que el Estado del Perú (en adelante “Perú”, el “Estado” o el “Estado peruano”) violó, en perjuicio de
Valdemir Quispealaya Vilcapoma, (en adelante la “víctima”), ciertos derechos consagrados en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención
Americana”), al ser agredido por su instructor militar con un fusil en el ojo derecho y en la cabeza el 23
de enero de 2001, cuando prestaba el servicio militar en la Compañía de Comunicaciones Nº 31 del
Batallón 9 de Diciembre del Ejército peruano, en la ciudad de Huancayo, departamento de Junín.
Denunciaron que como consecuencia de esta agresión la presunta víctima perdió la visión de su ojo
derecho y que el proceso penal fue transferido a la jurisdicción militar, la cual absolvió al presunto
responsable.
2.
El 25 de febrero de 2005, la Comisión adoptó el Informe de Admisibilidad Nº 19/05 en el
que concluyó que la petición es admisible respecto a las alegadas violaciones al derecho a la integridad
personal, el derecho a las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial, consagrados
respectivamente en los artículos 5, 8 y 25, en relación con el artículo 1(1) de la Convención Americana,
así como en el artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en
perjuicio de Valdemir Quispealaya Vilcapoma.
3.
En la etapa de fondo, los peticionarios alegaron que el señor Quispealaya fue víctima de
maltratos físicos y psicológicos por parte de su instructor militar, y que estos maltratos tuvieron como
finalidad imponer disciplina y castigar a la presunta víctima por lo que consideran que constituyen actos
de tortura. Señalaron que estos hechos no fueron investigados a pesar de que existía en la época un
contexto en el servicio militar voluntario en el que la práctica de la tortura se toleraba, tal y como fue
señalado por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo de Perú. Señalan
que aunque el proceso penal se inició en la jurisdicción ordinaria con base en la denuncia presentada
por la madre de la presunta víctima, la Corte Suprema decidió que la jurisdicción competente para
conocer el proceso era la jurisdicción penal militar al tratarse de un delito de función, la cual absolvió al
presunto responsable. Indican que tras la aprobación del Informe de Admisibilidad en el año 2007 se
reabrió el proceso ante la jurisdicción ordinaria, la cual archivó el proceso a pesar de que existían
informes médico legales que acreditaban la lesión del señor Quispealaya. Señalan que en consecuencia,
no existió un recurso judicial efectivo y que el Estado no brindó a la presunta víctima una reparación
adecuada a la gravedad de la tortura sufrida. Los peticionarios indican que transcurridos más de 11 años
desde que sucedieron los hechos, la tortura de la que fue objeto el señor Quispealaya le ha provocado
una discapacidad visual irreversible que ha tenido un impacto en su vida personal y familiar, ya que ha
sido un obstáculo para encontrar un trabajo estable a fin de solventar sus necesidades primarias y las de
su familia. Indica que el señor Quispealaya ha podido sobrevivir gracias al apoyo de su anciana madre.

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