2 4. Por su parte, el Estado alegó que si bien existía un proceso ante la jurisdicción penal militar en curso cuando la CIDH emitió el Informe de Admisibilidad Nº 19/05, a la fecha se ha modificado la jurisdicción policial-militar peruana a fin de adaptarla a la Constitución y a la Convención Americana. Indicó que el proceso fue reabierto en la jurisdicción ordinaria en el año 2007 y archivado en el año 2008, ya que no se pudo ubicar al señor Quispealaya y en consecuencia, no se pudieron realizar los informes médicos legales pertinentes a fin de establecer los días de incapacidad y atención médica que requería. Señaló que la sola presencia de un agente del Estado no constituye un elemento suficiente para enmarcar los hechos alegados como delito de tortura, ya que es necesario que concurran igualmente la intencionalidad de causar dolores o sufrimientos graves en la víctima y alguna de las finalidades establecidas en la legislación penal peruana. Alegó que corresponde al Ministerio Público, en su calidad de titular de la acción penal, evaluar y tipificar los hechos que son materia de la denuncia y determinar la responsabilidad penal de un individuo en relación a la presunta comisión de un delito, lo cual no pudo realizarse en el presunto caso. Señaló que la CIDH no puede intervenir en este proceso a modo de cuarta instancia ni tampoco determinar la responsabilidad penal de un individuo en relación a la presunta comisión de un delito, ya que no se ha comprobado la responsabilidad penal del Sub oficial instructor en el presente caso. 5. Tras analizar la posición de las partes, la Comisión Interamericana concluye que el Estado peruano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana en relación al artículo 1.1 del mismo instrumento y al artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en perjuicio del señor Quispealaya Vilcapoma; el derecho a las garantías y a la protección judicial consagrado en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Quispealaya Vilcapoma; y el derecho a la integridad personal conforme al artículo 5.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mencionado instrumento, en perjuicio de la señora Victoria Vilcapoma Taquia, madre de Valdemir Quispealaya Vilcapoma. II. TRÁMITE ANTE LA CIDH A. Trámite del caso 6. La Comisión examinó la petición durante su 122º periodo ordinario de sesiones y aprobó el Informe de Admisibilidad Nº 19/05 de 25 de febrero de 2005 y lo transmitió a las partes el 14 de marzo de 2005, poniéndose a disposición de las partes a fin de llegar a una solución amistosa del asunto conforme al artículo 48(1)(f) de la Convención Americana. Adicionalmente, la Comisión solicitó al peticionario que de acuerdo con el artículo 38(1) de su Reglamento vigente en la época, presentara sus observaciones adicionales sobre el fondo. El 17 de mayo de 2005, la Comisión recibió una comunicación de los peticionarios en la que manifestaron su disposición para llegar a una solución amistosa del asunto. La CIDH transmitió esta comunicación al Estado el 1 de junio de 2005 con el plazo de un mes para presentar observaciones. El Estado solicitó la concesión de una prórroga mediante comunicación de fecha 1 de julio de 2005, la cual fue concedida por la CIDH por un término de 20 días, mediante comunicación de 15 de julio de 2005. 7. El 10 de noviembre de 2005, la Comisión recibió un escrito del Estado en el que indicó que no se encontraba a la fecha en condiciones de ofrecer su disponibilidad para iniciar un proceso de solución amistosa respecto del presente caso. La CIDH transmitió esta comunicación a los peticionarios el 31 de enero de 2006 con el plazo de un mes para presentar observaciones, las cuales fueron presentadas el 15 de marzo de 2006 y las transmitió al Estado mediante comunicación de la CIDH de 23

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