INFORME N° 90/01 CASO 12.256 OSCAR JOSE BLANCO ROMERO VENEZUELA 10 de octubre de 2001 I. RESUMEN 1. El 3 de febrero de 2000 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la CIDH”) recibió una denuncia presentada por el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC) y el Centro de Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ("los peticionarios"), en la cual se alega la responsabilidad internacional del Estado de Venezuela ("el Estado") por la detención ilegal, incomunicación y desaparición forzada de Oscar José Blanco Romero. Los peticionarios alegan que los hechos denunciados configuran la violación de varias disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convención Americana"), tales como la obligación general de respetar los derechos (artículo 1(1)); derecho a la vida (artículo 4); derecho a la integridad personal (artículo 5); libertad personal (artículo 7), derecho a las garantías judiciales (artículo 8(1)) y a una debida protección judicial (artículo 25) y el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. 2. El Estado considera que no se encuentran agotados los recursos de la jurisdicción interna, en razón de que los hechos están siendo investigados por el Ministerio Público, y la Defensoría del Pueblo conjuntamente con los Tribunales venezolanos. Que el recurso de habeas corpus no es el medio adecuado para la investigación de los hechos denunciados, y que la investigación es una obligación de medio y no de resultado por lo que en consecuencia, no hay violación de la misma cuando no se produce el resultado esperado. 3. Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la CIDH concluye en este informe que el caso es admisible, pues reúne los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Por lo tanto, la Comisión Interamericana decide notificar la decisión a las partes y continuar con el análisis de fondo relativo a la supuesta violación de los artículos 1.1, 4, 5, 7, 8.1 y 25 de la Convención Americana, así como el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA 4. La petición fue presentada el 3 de febrero de 2000 y transmitida al Estado venezolano el 15 de marzo de 2000 bajo el número 12.256, solicitándosele información. La CIDH envió una nota reiterando la solicitud de información al Estado de Venezuela el 19 de julio de 2000 con un plazo de 30 días. El Estado presentó sus observaciones el 24 de agosto de 2000, las que fueron trasmitidas a los peticionarios el 8 de setiembre de 2000. Los peticionarios presentaron sus observaciones el 25 de octubre de 2000. Las correspondientes observaciones adicionales a la respuesta del Estado fueron enviadas por la CIDH el 5 de diciembre de 2000. La Comisión Interamericana celebró una audiencia sobre el caso con ambas partes el 27 de febrero de 2001, durante su 110° período de sesiones. El 23 de marzo los peticionarios remitieron a la CIDH información adicional que fue trasmitida al Gobierno venezolano el 9 de mayo de 2000. El 20 de agosto de 2000 el Estado venezolano envió el informe del Ministerio Público de Venezuela sobre el caso N° 12.307, José Francisco Rivas Fernández (desaparecido en el Estado Vargas), donde hace referencia de la situación del caso de Oscar José Blanco Romero. III. POSICIONES DE LAS PARTES SOBRE LA ADMISIBILIDAD A. Los peticionarios 5. El día 15 de diciembre de 1999, fecha en que se realizó el referéndum aprobatorio del proyecto de la Constitución, tanto en el Estado Vargas como en otras zonas del país, la magnitud de las lluvias eran un tema de preocupación. En esos días Venezuela vivió las consecuencias del peor desastre natural de su historia contemporánea. 1

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