3
3.
Que el artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que “[l]os Estados Partes
en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que
sean partes”. Para ello, los Estados deben asegurar la implementación a nivel interno de lo
dispuesto por el Tribunal en sus decisiones1.
4.
Que la obligación de cumplir lo dispuesto en las decisiones del Tribunal corresponde
a un principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado,
respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben acatar sus
obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda) y, como ya
ha señalado esta Corte y lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados de 1969, aquellos no pueden, por razones de orden interno, dejar
de asumir la responsabilidad internacional ya establecida. Las obligaciones convencionales
de los Estados Partes vinculan a todos los poderes y órganos del Estado2.
5.
Que los Estados Partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las
disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus
respectivos derechos internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas
sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones
sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales, como
las que se refieren al cumplimiento de las decisiones de la Corte. Estas obligaciones deben
ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente
práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos
humanos3.
*
*

*

6.
Que en relación con el punto resolutivo octavo, relativo la obligación del Estado de
emprender las acciones necesarias para identificar, juzgar, y en su caso, sancionar a todos
los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas en perjuicio de las
víctimas y a la obligación de remover los obstáculos y mecanismos de hecho y de derecho
que mantienen la impunidad en el presente caso, el Estado informó que el 9 de febrero de
2005 emitió las órdenes de captura en contra de las siguientes personas: a) Jorge Alberto
Alfaro Martínez y Víctor Hugo Vivas Lozano por suponerlos responsables de haber cometido
los delitos de tortura y asesinato en perjuicio de Orlando Álvarez Ríos, Rony Alexis
Betancourt Hernández, Marco Antonio Servellón García y Diómedes Obed García y; b)
Roxana Sierra Ramírez por el delito de detención ilegal en perjuicio de los mismos
ofendidos. Añadió que el 13 de febrero de 2008 se libró orden de captura en contra de
1

Cfr. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie
C No. 104, párr. 131; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de
Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 3 de mayo de 2008, Considerando
tercero; y Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Supervisión de Cumplimiento de
Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de mayo de 2008, Considerando
tercero.

2

Cfr. Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (arts.
1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994.
Serie A No. 14, párr. 35; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, supra nota 1, Considerando
quinto; y Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 9 de mayo de 2008, Considerando cuarto.

3

Cfr. Caso Ivcher Bronstein. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54, párr.
37; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, supra nota 1, Considerando sexto; y Caso Raxcacó
Reyes, supra nota 2, Considerando cuadragésimo tercero.

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