3 8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.1.f del Reglamento, la “eventual designación de peritos” podrá ser efectuada por la Comisión Interamericana “cuando se afecte de manera relevante el orden público interamericano de los derechos humanos”, cuyo fundamento y objeto tienen que ser adecuadamente sustentados 4. El sentido de esta disposición hace de la designación de peritos por parte de la Comisión un hecho excepcional, sujeto a ese requisito, que no se cumple por el solo hecho de que la prueba que se procura producir tenga relación con una alegada violación de derechos humanos. 9. El Presidente estima que los objetos de los peritajes de las señoras Paloma Soria Montañez y Christine Mary Chinkin trascienden los intereses específicos de las partes en el proceso y pueden tener impacto sobre situaciones que se presentan en otros Estados Partes de la Convención 5, de modo tal que generan un interés relevante al orden público interamericano de derechos humanos. En este sentido, el peritaje de la señora Soria Montañez, relativo al análisis de la responsabilidad internacional del Estado y el deber de garantía en contextos estructurales de violencia contra las mujeres, y el peritaje de la señora Chinkin, relativo a los estándares internacionales que determinan la relación existente entre violencia contra la mujer, impunidad y discriminación, así como las obligaciones especiales que tiene un Estado ante la existencia de un contexto de discriminación y violencia contra la mujer, pueden contribuir al fortalecimiento de las capacidades de protección e investigación del sistema interamericano de derechos humanos en casos de violencia contra mujeres y niñas. 10. En cuanto a las observaciones del Estado de que los peritajes propuestos serían innecesarios porque el Tribunal ya conoce esta materia y porque ambos versarían sobre lo mismo, el Presidente recuerda que es necesario procurar la más amplia presentación de pruebas por las partes en todo lo que sea pertinente 6 y considera que, en este caso, las razones de economía procesal señaladas no son una razón suficiente para inadmitir dichos peritajes 7. Sin perjuicio de ello, se observa que si bien algunos aspectos de los objetos de los peritajes propuestos por la Comisión podrían coincidir, cada uno tiene un enfoque distinto. 11. Por otro lado, en cuanto a los alegatos del Estado relativos a que los peritajes mencionados no versan sobre los hechos del presente caso, el cual, según Guatemala, “no se encuadra[ría] dentro de los elementos específicos de la violencia de género”, el Presidente estima que no procede en esta etapa del proceso emitir un pronunciamiento sobre la calificación jurídica de los hechos del caso, toda vez que corresponde a la Corte evaluar dicha controversia en el eventual análisis de fondo, de ser el caso. 12. Por las razones expuestas, el Presidente estima pertinente que la Corte reciba los dictámenes de las peritas Paloma Soria Montañez y Christine Mary Chinkin. 4 Cfr. Caso Pedro Miguel Vera Vera y otros Vs. Ecuador. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de diciembre de 2010, considerando 9, y Caso Ruano Torres y familiares Vs. El Salvador. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 11 de marzo de 2015, considerando 6. 5 Cfr. Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de enero de 2012, considerando 9, y Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de diciembre de 2014, considerando 12. 6 Cfr. Caso Abrill Alosilla y otros Vs. Perú. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 8 de septiembre de 2010, considerando 26, y Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de diciembre de 2014, considerando 13. 7 Cfr. Caso Véliz Franco y otros Vs. Guatemala. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 10 de abril de 2013, considerando 25, y Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú, supra, considerando 13.

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