INFORME No. 136/09 PETICIÓN 321-05 ADMISIBILIDAD MARÍA INÉS CHINCHILLA SANDOVAL GUATEMALA 13 de noviembre de 2009 I. RESUMEN 1. El 23 de marzo de 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la “Comisión”, la “Comisión Interamericana” o la “CIDH”) recibió una denuncia presentada por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), representado por Alejandro Rodríguez Barillas (en adelante “los peticionarios”), en la cual se alega la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala (en adelante “el Estado”, “Guatemala” o el “Estado Guatemalteco”), por la muerte de María Inés Chinchilla (en adelante la “presunta víctima”), ocurrida el 25 de mayo de 2004, presuntamente como consecuencia del actuar negligente del personal del centro de detención donde se hallaba recluida por condena judicial. 2. Los peticionarios alegan que María Inés Chinchilla, quien se hallaba en cumplimiento de una pena privativa de la libertad en el Centro de Orientación Femenino (COF) ubicado en Fraijanes del Departamento de Guatemala, padecía una enfermedad que se habría agravado como consecuencia de la ausencia de tratamiento médico adecuado, lo cual, sumado a una caída que habría sufrido de la silla de ruedas en la que se desplazaba, sin recibir atención inmediata, habría presuntamente provocado su muerte. Con relación a los requisitos de admisibilidad, alegan que los hechos denunciados resultarían constitutivos de un delito de acción pública y que, en tal carácter, debieron ser investigados de oficio por las autoridades pertinentes, por lo cual la deficiente investigación realizada por el Ministerio Público, y posterior archivo de la causa, habrían agotado la jurisdicción interna. En adición, sostienen que interponer una denuncia civil resultaría infructuoso en virtud del excesivo tiempo que tomaría alcanzar una resolución, por lo que estiman que, de conformidad con los artículos 46.2.b y 46.2.c de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención” o la “Convención Americana”), no resultaría necesario agotar recursos de tal carácter, por carecer éstos de los requisitos del debido proceso legal y resultar ineficaces. 3. Por su parte, el Estado señala que la presunta víctima recibía tratamiento adecuado dentro del Centro de Orientación Femenino y fuera del centro penal cuando ello resultaba pertinente, y argumenta que en ciertas oportunidades la propia víctima se negaba a seguir las indicaciones médicas. Por otra parte, alega que en relación con la investigación por la muerte de la presunta víctima, el Ministerio Público obró conforme a derecho y solicitó debidamente su desestimación y archivo al Juez, a lo cual se hizo lugar por tratarse de una muerte acaecida por causas naturales, y que no configuraba hecho delictivo. Indica que estando prevista en la legislación doméstica la figura del querellante adhesivo, nadie se constituyó en tal carácter, como así tampoco se cuestionó la referida decisión, ni se procuró o solicitó la continuidad de la investigación. Respecto de una posible indemnización civil señala que, no habiéndose intentado acción para reclamar daños y perjuicios por la muerte de la señora Chinchilla, los recursos internos no fueron agotados, en consecuencia, de conformidad con los artículos 46.1.a de la Convención y 31 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante el “Reglamento de la Comisión”), debe declararse la inadmisibilidad de la petición. 4. La Comisión, tras analizar la posición de las partes y los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención, y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, concluye que la petición es admisible en cuanto a presuntas violaciones de los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. La CIDH también decide notificar la presente decisión a las partes; publicar el presente informe e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA. II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA 1

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