1. Que se establezca un esquema de seguridad, en coordinación con la propuesta beneficiaria, que sea adecuado para responder a la gravedad de los hechos expuestos y al rol que la fiscal continuará teniendo en los procesos internos de este caso. 2. Que se establezca un esquema de seguridad para la protección de la familia de la fiscal Sut. 3. Que se investiguen adecuadamente los hechos que fundamentan la presente solicitud, así como cualquier otro posible hecho que pueda constituir una amenaza a la vida e integridad de la [propuesta] beneficiaria. 4. Que cese cualquier posibilidad de criminalización u hostigamiento de la fiscal Sut por el ejercicio de su rol en el contexto de este caso. 5. Que se garantice el ejercicio de la independencia judicial que le asiste a la fiscal Sut, actividad jurisdiccional que debe desarrollar libre de cualquier amenaza, hostigamiento o intimidación. 6. Recuerde al Estado sus obligaciones internacionales en la investigación, procesamiento y eventual sanción de los responsables de los hechos violatorios de los derechos humanos de los casos de [...] referencia. 7. Se garantice la estabilidad en el cargo de la fiscal Sut y se le mantenga al frente de las investigaciones que hoy adelanta. 8. Que todas las medidas adoptadas en el marco de estas medidas provisionales sean previamente acordadas con la [propuesta] beneficiaria y sus representantes. 6. que la Argumentaron Corte emitió que la referida solicitud guarda Sentencia en los seis casos relación con el objeto del caso, ya mencionados, y se encuentra en supervisión el cumplimiento de la obligación de investigar. Agregaron que, si bien en algunos de tales casos ha habido importantes avances *gracias al trabajo de la fiscal Sut”, esta obligación aún se encuentra incumplida. Fundamentaron la solicitud de medidas provisionales tanto en un alegado contexto como en hechos específicos relacionados con las investigaciones penales en curso de los seis casos mencionados. 7. Los representantes señalaron que en Guatemala “sigue existiendo un contexto de riesgo constante para los operadores de justicia, incluyendo fiscales, magistrados, magistradas, jueces y juezas, que ven amenazadas sus vidas, se ven expuestos a procesos de criminalización y en algunos casos se han visto obligados a salir del país por el solo hecho de cumplir con sus funciones”. Al menos, "24 operadores de justicia [...] se encuentran en el exilio en virtud de la persecución que han recibido”. Además, "existe una práctica de trasladar [a otras fiscalías] a los fiscales a cargo de investigaciones relevantes, con el fin de debilitarlas”. Asimismo, se refirieron a los siguientes alegados “hechos de riesgo que justifican la adopción de medidas provisionales”: a) La fiscal Sut Ren habría sido objeto de actos de criminalización, amenazas, vigilancia y seguimientos entre 2016 y 2021; en el 2016 se le asignó un esquema de seguridad por el Departamento de Seguridad del Ministerio Público, el cual fue retirado en 2017 bajo el argumento de que el caso CREOMPAZ “no tenía tanto movimiento procesal ni tenía audiencias programadas”. En el marco de las investigaciones penales, se desprendió información que relaciona a los casos Plan Sánchez y Diario Militar con “la Antigua Zona Militar No. 21, actualmente llamada CREOMPAZ”, también identificada como campamento del municipio de Cobán, lugar en “donde [alegaron que] se identificaron por lo menos 500 osamentas”, y existirían “fuertes indicios de que las personas desaparecidas se encuentran en [estos] cementerios clandestinos”. b) Uno de los sindicados en el caso Bámaca Velásquez presentó una denuncia penal el 7 de febrero de 2022 en contra de la fiscal Sut Ren, a raíz de que el Ministerio Público habría actualizado información en la investigación de dicho caso. Asimismo, durante el período de las audiencias de etapa intermedia del caso Diario Militar, en los meses de abril y mayo de 2022, la fiscal Sut Ren fue víctima de múltiples “seguimientos” en las cercanías de su domicilio y de su trabajo por vehículos y hombres, así como también recibió “amenazas”.

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