presencia militar limita el tránsito dentro del Resguardo Unido U´wa, genera intimidaciones, desplazamiento forzado y confinamiento, además de que hace inviable el proyecto de vida del colectivo indígena. 6. Afirmó que se violó el derecho a la personalidad jurídica, toda vez que el Pueblo U´wa no fue formalmente notificado de la realización de proyectos mineros en territorio ancestral ni de resguardo. Con respecto al derecho a la vida digna y el derecho a la integridad personal, alegó que fueron violados en concordancia con los derechos a los beneficios de la cultura, debido a que según su cosmovisión y forma de vida, la garantía de estos derechos depende mayormente de la conexión espiritual y cultural con el territorio sagrado y ancestral, considerado el núcleo vital de la Nación U’wa. 7. Igualmente alegó que el Estado es responsable de violar los derechos a la vida, integridad personal, derechos del niño, propiedad privada y a la circulación y residencia, debido a que el paso de un oleoducto por su territorio ha causado que éste sea objeto de múltiples atentados por grupos al margen de la ley. Asimismo, indicó que el 25 de marzo de 2014 fue dinamitado un tramo del oleoducto, dejando heridos a un hombre, una mujer y un niño del Pueblo U’wa y ocasionando desplazamiento de familias U’was, zozobra en la población, contaminación de sus fuentes de agua y afectaciones al Derecho Internacional Humanitario. 8. En cuanto a la violación a las garantías y protección judiciales, señaló que se interpusieron demandas contra decisiones y proyectos extractivos realizados en su territorio, en las cuales se constatan demoras en su resolución y falta de concesión de medidas cautelares solicitadas, así como la prolongación de los litigios por décadas. Adicionalmente, refirió que las presuntas víctimas han sufrido dificultades de acceso a la justicia por la desventaja procesal en relación con las entidades y empresas demandadas; las cargas procesales onerosas; la falta de medidas diferenciales y protección reforzada de sujetos procesales de carácter étnico; y las prácticas ocultistas de las empresas y agencias extractivas del Estado. 9. Además, adujo que el Estado es responsable por la violación al derecho a la libertad de expresión, a los derechos políticos y a la igualdad ante la ley y no discriminación del Pueblo U’wa, debido a que al ser propietario legítimo del territorio ancestral y sagrado, incluyendo las minas y el subsuelo petrolífero, tiene un derecho al veto de todas las decisiones extractivas que alteran su mundo espiritual y material; sin embargo, el Estado ha considerado la consulta previa como un trámite administrativo que sólo busca informar sobre la ejecución definitiva del proyecto, sin estar dirigido a obtener su consentimiento libre, previo e informado. Añadió que el señalamiento de la movilización pacífica de la Nación U’wa, como hechos de violencia y el uso de la fuerza pública en dichas manifestaciones, también viola su derecho a expresarse libremente. Con respecto a los derechos políticos, afirmó que la consulta es una manifestación y concreción del derecho constitucional a la participación política e individual de los pueblos indígenas. 10. Adicionalmente, refirió que el Estado violó el derecho a la familia, debido a que ésta tiene un rol fundamental que es preservar y mantener el equilibrio natural a través de los espíritus del territorio y este equilibrio es interrumpido con la extracción de recursos del subsuelo pues significa la ‘‘destrucción de los elementos vitales en la sostenibilidad del mundo’’, generando la ausencia de los espíritus que necesita la familia para sostener y garantizar que las generaciones futuras U’wa sobrevivan. Alegó que el Estado es responsable de violar el derecho a la propiedad comunal del Pueblo U’wa y sus miembros sobre el territorio y sus recursos naturales, así como de los elementos incorporales que se deprenden de ellos, violando la relación fundamental del pueblo con la Madre Tierra. 11. Agregó que hubo una violación a la integralidad del territorio y la identidad cultural debido a que al crear el Parque Natural “El Cocuy”, el Ministerio de Agricultura otorgó su administración y manejo a la Dirección Nacional de Parques Naturales y no a las autoridades tradicionales del Pueblo U’wa, a pesar de que la totalidad del parque se encuentra en su territorio ancestral y a que su extensión corresponde a casi la mitad del Resguardo. 12. Por último, afirmó que el Estado es responsable por la vulneración al desarrollo progresivo de los derechos territoriales y culturales del Pueblo U´wa, debido a que no ha adoptado las medidas necesarias para garantizar progresivamente su supervivencia. Sobre la violación al deber de adoptar disposiciones de derecho interno, alegó que el Gobierno Nacional ha regulado los procedimientos de consulta étnica a través de diversos decretos 2

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