15 de septiembre de 2017
REF.: Caso Nº 12.701
Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT)
Perú
Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos
Humanos, el Caso Nº 12.701 – Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) respecto de la República de Perú (en adelante “el Estado”,
“el Estado peruano” o “Perú”).
El presente caso se relaciona con la vulneración del derecho a la protección judicial por la falta de
cumplimiento de una sentencia judicial de la Corte Suprema de Justicia de Perú, de octubre de 1993, que
reconocía derechos pensionarios a los miembros de la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT). La Comisión consideró
demostrado que el Poder Judicial peruano a través del proceso de ejecución de sentencia no ha aplicado las
medidas necesarias para resolver aspectos fundamentales de la implementación de un fallo judicial
favorable a un grupo de pensionistas, tales como la autoridad a cargo del cumplimiento, los beneficiarios
del fallo y las implicaciones patrimoniales del mismo en el monto de las pensiones, así como en los montos
dejados de percibir en todos estos años. La Comisión agregó que, pasados más de 23 años desde el primer
fallo judicial a favor de los miembros de la ANCEJUB-SUNAT, el Estado continúa violando su derecho a la
tutela judicial efectiva ante la ausencia de ejecución de la sentencia en firme emitida en su favor así como la
inefectividad de los mecanismos judiciales activados posteriormente para lograr dicho cumplimiento.
Adicionalmente, la Comisión consideró que el lapso de más de 23 años sin que se ejecute la sentencia de la
Corte Suprema de octubre de 1993 sobrepasa un plazo que pueda considerarse razonable. Finalmente, la
CIDH concluyó que el Estado violó el derecho a la propiedad de las víctimas puesto que éstas no pudieron
gozar integralmente de los efectos patrimoniales de su pensión conforme a lo establecido por la sentencia
judicial de octubre de 1993.
El Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 12 de julio de 1978 y
aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981.
La Comisión ha designado al Comisionado Paulo Vannuchi y al Secretario Ejecutivo Paulo Abrão,
como sus delegados. Asimismo, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta y Silvia Serrano
Guzmán y Erick Acuña Pereda, abogada y abogado de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como
asesora y asesor legales.
Señor
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Apartado 6906-1000, San José, Costa Rica

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