De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta
copia del Informe Nº 41/17 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la
totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la
elaboración del Informe Nº 41/17 (Anexos). Dicho informe de fondo fue notificado al Estado de Perú
mediante comunicación de 15 de junio de 2017, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el
cumplimiento de las recomendaciones. El Estado de Perú presentó un informe mediante el cual señaló que
no incurrió en las violaciones establecidas en el Informe Nº 41/17.
En consecuencia, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte
Interamericana por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas. La Comisión Interamericana
somete a la jurisdicción de la Corte la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos
en el Informe de Fondo Nº 41/17.
En ese sentido, la Comisión solicita a la Corte que concluya y declare la responsabilidad
internacional del Estado de Perú es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales,
propiedad privada y protección judicial, establecido en los artículos 8.1, 21, 25.1 y 25.2.c) de la Convención
Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en
perjuicio de las personas incluidas en el Anexo Único al Informe Nº 41/17.
Igualmente, la Comisión solicita a la Corte que establezca las siguientes medidas de reparación:
1. Dar cumplimiento a la mayor brevedad posible a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia
de 25 de octubre de 1993, y del Tribunal Constitucional de 25 de junio de 1996 y 10 de mayo de
2001. Esto implica la adopción inmediata por parte del Estado peruano de las medidas necesarias
para el pago de la pensión a las personas incluidas en el Anexo único en los términos en los cuales le
fue reconocido judicialmente, es decir, bajo el régimen del Decreto Ley 20530. Lo anterior incluye el
pago de los montos dejados de percibir desde el momento de su jubilación hasta la fecha en que se
haga efectivo el pago. Tomando en cuenta la inefectividad del proceso judicial de ejecución de
sentencia por más de 23 años y la urgencia del cumplimiento del fallo dada la avanzada edad de las
víctimas, la Comisión solicita a la Corte que inste al Estado a implementar inmediatamente un
mecanismo expedito para que en el tiempo más breve posible se establezcan los efectos
patrimoniales del fallo en su favor y se disponga su pago sin mayores dilaciones y obstáculos.
2. Reparar integralmente las violaciones declaradas en el informe, incluyendo una debida
compensación que incluya el daño material e inmaterial causado. Esta reparación debe ser
implementada no sólo respecto de los miembros de la ANCEJUB-SUNAT que continúan con vida,
sino también respecto de aquellos que fallecieron a la esperar del cumplimiento del fallo a su favor.
En el caso de estas personas, el Estado deberá hacer efectiva la reparación respecto de sus
familiares.
3. Adoptar las medidas legislativas o de otra índole necesarias para evitar la repetición de las
violaciones declaradas en el informe. Al respecto, el Estado deberá disponer las medidas necesarias
para: i) Asegurar que las empresas estatales cumplan con los fallos judiciales que reconocen
derechos pensionarios a ex-trabajadores; ii) Asegurar que los procesos de ejecución de sentencia

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