22 de septiembre de 2017
REF.: Caso Nº 12.492
Carlos Escaleras Mejía y familia
Honduras
Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, con el objeto de presentar ante la Honorable Corte Interamericana de Derechos
Humanos, el caso 12.492 – Carlos Escaleras Mejía y otros (Honduras) respecto de la República de
Honduras (en adelante “el Estado”, “el Estado hondureño” o “Honduras”), relacionado con la
responsabilidad internacional del Estado por la muerte del defensor ambientalista Carlos Escaleras
Mejía ocurrida el 18 de octubre de 1997, y la situación de impunidad parcial en que se encuentra tal
hecho. La Comisión concluyó que el Estado no otorgó una respuesta judicial efectiva frente a la
muerte del señor Escaleras Mejía, pues las autoridades policiales, fiscales y judiciales no adoptaron
las diligencias iniciales mínimas conforme a los estándares interamericanos en este tipo de casos.
La Comisión también concluyó que el Estado omitió practicar pruebas e impulsar seria y
exhaustivamente líneas básicas de investigación que respondieran efectivamente a los indicios que
vincularon al menos a tres autoridades estatales y que surgieron desde el primer momento.
Además, la Comisión constató que no se investigaron todas las posibles autorías intelectuales y que
durante la investigación se dieron graves hechos de posible represalia y presión respecto de
personas que participaron en las investigaciones, a pesar de lo cual no se efectuó investigación
alguna sobre tales hechos. A su vez, la Comisión concluyó que el plazo de 17 años desde la muerte,
constituyó un incumplimiento de la garantía de plazo razonable. La Comisión señaló que todos
estos factores forman parte de una situación más general relacionada con los altos índices de
impunidad de hechos criminales perpetrados contra defensores ambientalistas.
Por otra parte, la Comisión estableció que la falta de investigación seria y diligente de los
múltiples indicios de participación de agentes estatales en la muerte de la víctima, permite otorgar
valor probatorio a tales indicios y, por lo tanto, la Comisión consideró que existen elementos
suficientes para atribuir al Estado responsabilidad por tal hecho. Finalmente, la Comisión estableció
la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos políticos y la libertad de
asociación.
El Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 8 de septiembre de
1977 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 9 de septiembre de 1981.
La Comisión ha designado al Comisionado James Cavallaro y al Secretario Ejecutivo Paulo
Abrão, como sus delegados. Asimismo, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y Silvia
Serrano Guzmán y Erick Acuña Pereda, abogada y abogado de la Secretaría Ejecutiva, actuarán
como asesoras y asesor legales.
Señor
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Apartado 6906-1000,
San José, Costa Rica

Select target paragraph3