alegó que el artículo 19.6 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”
(en adelante “Protocolo de San Salvador”), delimitaba claramente la competencia de la Comisión y
de la Corte en relación con la temática, estableciendo que solo podían ser objeto de análisis, por
medio del mecanismo de peticiones ante el sistema interamericano, la protección de los derechos
a la libertad sindical y el derecho a la educación, pero no respecto al derecho a la seguridad social
Consideró que no resultaba atendible que se pueda vaciar de contenido a lo establecido por el
artículo 19.6 del Protocolo de San Salvador, que era una norma de competencia vinculante para los
órganos del sistema, y que el principio pro persona solo sería aplicable cuando se estuviere dentro
del marco de competencias establecido en el orden interamericano.
3.
Asimismo, resaltó las posiciones opuestas a la justiciabilidad directa de los DESCA de algunos
de los Jueces de la Corte, con las cuales manifestó coincidir en todos sus extremos. A este respecto,
destacó que los derechos incluidos en el régimen de protección de la Convención eran los
establecidos hasta el artículo 25, y que si bien podían existir otros derechos y libertades, estos
debían ser incluidos en dicho régimen de protección a través de los mecanismos previstos en los
artículos 31, 76 y 77 de la Convención. En este sentido, destacó que añadir derechos no era
competencia de la Corte, sino de los Estados. Sostuvo que la justiciabilidad de los DESCA no debía
realizarse por medio de la aplicación directa del artículo 26 de la Convención, debido a que el citado
artículo no enumeraba un catálogo de derechos, ni reconocía o consagraba a los DESCA, sino que
establecía el compromiso de los Estados de lograr progresivamente la plena efectividad de los
derechos que se pudieran derivar de la Carta de la Organización de Estados Americanos, en la
medida de los recursos disponibles. En este sentido, argumento que la obligación derivada del
artículo 26 que podía ser supervisada de manera directa por la Corte era el cumplimiento de la
obligación de desarrollo progresivo y el deber de no regresividad; por lo que, no se podía sostener
que se podía someter a este Tribunal un caso atingente a la presunta violación de algunos de los
derechos a que se remite el artículo 26. Reiteró que dicha falta de competencia fue confirmada a
través del Protocolo de San Salvador, en donde los Estados decidieron la justiciabilidad solo en dos
casos, lo cual constituía un acuerdo y práctica ulterior entre los Estados partes. Asimismo, el Estado
se adhirió al criterio que señalaba que la Corte no podía arrogarse competencia respecto de la
presunta violación de un derecho o libertad “no incluido ni por la Convención ni por el Protocolo de
San Salvador” y que no era posible invocar el principio de interpretación progresiva de los
instrumentos internacionales para añadir derechos al régimen de protección de la Convención; ya
que, aquel se aplicaba para atribuirle a un derecho ya existente e incluido en dicho régimen, un
sentido distinto y generalmente más amplio al originalmente dado.
4.
Por su parte, la Comisión alegó que el sometimiento del presente caso ante la Corte se
produjo con anterioridad a los avances jurisprudenciales en torno al artículo 26 de la Convención
Americana. En tal sentido, consideró que el análisis del derecho a la seguridad social en el marco
del referido artículo 26, además de los derechos ya invocados, “contribuiría a insertarlo
precisamente en esta evolución interamericana y a una compresión más integral del alcance de la
responsabilidad internacional”.
5.
Las representantes argumentaron que el artículo 26 de la Convención debía ser justiciable
con base al artículo 62.3 de la Convención que establece la competencia de la Corte para conocer
de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención que
le sea sometido, y que el referido dispositivo era parte del tratado. Asimismo, indicaron que no
había sido invocada la violación al Protocolo de San Salvador, sino que su mención fue a manera
ilustrativa; ya que, el mismo hacía parte del corpus juris interamericano que podía ser utilizado
como parámetro de interpretación de la Convención. Finalmente, concluyeron que “el derecho a la
seguridad social era un derecho humano protegido por el derecho internacional e implícitamente
contenido en el artículo 26 de la CADH”.

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