Derecho a que la apelación sea oída por jueces libres de influencias externas y de la
manipulación del Gobierno (artículo 7(2));
Derecho a ser detenida en forma congruente con las normas que prohiben el castigo
cruel o inusual (artículo 5 y la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el caso Loayza Tamayo, Sentencia del 17 de septiembre de 1997);
Derecho de habeas corpus ante un tribunal independiente (artículos 7(6) y 25).
III.

TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

7. El día 11 de febrero de 1998 la Comisión transmitió las partes pertinentes de la petición al
Estado, que respondió que debía declararse la inadmisibilidad de la denuncia por no haberse
agotado los recursos de la jurisdicción interna.
IV.

CONSIDERACIONES GENERALES

A.

Competencia de la Comisión

8. Perú es un Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la
ratificó el 28 de julio de 1978. En la petición se alegan violaciones a derechos humanos
establecidos en dicho tratado que la Comisión tiene competencia para examinar.
B.

Admisibilidad de la petición

1.

Agotamiento de los recursos internos

9. Al presentar la comunicación, los peticionarios expresan que la sentencia del Tribunal Militar
Supremo dictada contra Lori Berenson resulta definitiva. Al respecto, señalan que la sentencia
condenatoria de primera instancia fue apelada ante un Tribunal Militar superior que desestimó
el recurso. Posteriormente, Lori Berenson dedujo un nuevo recurso de apelación ante el
Tribunal Militar Supremo que también confirmó la decisión impugnada. Por último, la presunta
víctima dedujo un recurso de revisión contra la última decisión que también fue rechazado.
10. Los peticionarios expresan que de acuerdo al Decreto Ley N? 25.659, artículo 6,
posteriormente modificado por el Decreto Ley N? 26.248, artículo 2, la sentencia definitiva no
puede ser examinada por ningún tribunal civil. Según los abogados, las normas mencionadas
disponen que las acciones de amparo serán oídas por el mismo personal militar que realizó las
actuaciones.
11. El argumento esgrimido por los peticionarios aparece corroborado por declaraciones
emitidas por el Consejo Supremo de Justicia Militar que precisó que Lori Berenson no puede
ser sometida a un nuevo juicio en el fuero civil "porque ello atentaría contra el principio
constitucional de la cosa juzgada y contra la seguridad de los fallos de los tribunales
militares".1
12. No obstante, en su respuesta a la petición, el Estado alegó que los peticionarios no habían
agotado los recursos internos. Al respecto, se limitó a expresar: ?el peticionario al culminar el
proceso tuvo expedito el derecho para presentar una Acción de Amparo por la presunta
violación a las garantías al debido proceso, sin embargo prefirió no utilizar dicho recurso y
configuró una omisión que no está normada por la Convención Americana y el Reglamento de
la CIDH como presupuesto procesal de admisibilidad. Cabe precisar que dicha omisión no
equivale al hecho de haberse agotado la vía previa?
13. En su nota, el Estado omite señalar las razones
resulta efectivo, teniendo en cuenta que el caso
condenatoria confirmada por dos Tribunales Militares
los argumentos esgrimidos por los peticionarios, en
1 Según el diario La República del 29 o 30 de julio de 1998.

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por las que considera que dicho remedio
bajo estudio cuenta con una sentencia
Superiores. Por otro lado, tampoco refuta
el sentido de que de acuerdo a la ley el

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