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La República del Paraguay violó el derecho a la vida, protegido por la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 4, en perjuicio de Elvio Epifanio Acosta
Ocampos, Marcos Antonio Giménez, Diego Walter Valdez, Sergio Daniel Vega Figueredo,
Sergio David Poletti Domínguez, Mario Álvarez Pérez, Juan Alcides Román Barrios, Antonio
Damián Escobar Morinigo, Carlos Raúl de la Cruz y Benito Augusto Adorno.
La República del Paraguay violó el derecho a la integridad física, protegido por la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 5, en perjuicio de Abel
Achar Acuña, José Milicades Cañete, Ever Ramón Molinas Zárate, Arsenio Joel Barrios
Báez, Carlos Raúl de la Cruz, Alfredo Duarte Ramos, Sergio Vincent Navarro Moraez, Raúl
Esteban Portillo, Ismael Méndez Aranda, Pedro Iván Peña, Osvaldo Daniel Sosa, Walter
Javier Riveros Rojas, Osmar López Verón, Miguel Coronel, César Fidelino Ojeda Acevedo,
Heriberto Zarate, Antonio Escobar, Francisco Noé Andrada, Jorge Daniel Toledo, Pablo
Emmanuel Rojas, Sixto González Franco, Francisco Ramón Adorno, Antonio Delgado,
Claudio Coronel Quiroga, Clemente Luis Escobar González, Julio César García, José Amado
Jara Fernando, Alberto David Martínez, Miguel Ángel Martínez, Osvaldo Espínola Mora,
Hugo Antonio Vera Quintana y Juan Carlos Vivero Zarza, Eduardo Vera, Ulises Zelaya
Flores, Hugo Olmedo, Rafael Aquino Acuña, Nelson Rodríguez, Demetrio Silquero, Aristides
Ramón Ortiz Bernal y Carlos Raúl Romero Giacomo, como consecuencia de las heridas e
intoxicaciones sufridas durante los diferentes incendios ocurridos, y de todos los niños y
adolescentes internos en el Instituto “Panchito López” desde agosto de 1996 hasta julio del
2001, y posteriormente derivados a las penitenciarías de adultos del país.
La República del Paraguay violó los derechos protegidos por la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en sus artículos 5 (derecho a la integridad personal), […] 7
(derecho a la libertad personal), […] 19 (derechos del niño), […] 8 (garantías procesales)
y […] 25 (protección judicial), en perjuicio de los niños y adolescentes internos en el
Instituto de Reeducación del Menor “Panchito López” entre agosto de 1996 y julio del
2001, y posteriormente remitidos a las penitenciarías de adultos del país. En virtud de
dichas violaciones, el Estado paraguayo ha incumplido además, con su obligación de
respetar y garantizar el goce de esos derechos conforme al artículo 1.1 de la Convención.

25.

Con base en dichas conclusiones, la Comisión recomendó al Estado:

1.
Trasladar de inmediato a los niños y adolescentes a centros adecuados y separados de los centros
de reclusión de adultos, y descartar esta medida como solución de largo plazo al problema de alojamiento
de los internos.
2. Adoptar las medidas necesarias para que el Código del Niño, Niña y Adolescente entre
en vigencia en su totalidad de manera inmediata.
3. Adoptar las medidas necesarias para garantizar el efectivo derecho de defensa de los
niños y adolescentes, reducir el tiempo de duración de la prisión preventiva y expandir
el uso de medidas alternativas a la privación de la libertad.
4. Adoptar las medidas necesarias para investigar las violaciones constatadas en el
presente informe y sancionar a sus responsables.
5. Adoptar las medidas necesarias para que los niños y adolescentes que fueron privados
de su libertad en el Instituto de Reeducación del Menor “Cnel. Panchito López”, o en su
caso, los familiares de los jóvenes fallecidos, reciban una oportuna y adecuada
reparación por las violaciones aquí establecidas.
6. Adoptar las medidas necesarias para evitar que hechos como el presente se vuelvan a
repetir.
7. Remitir a los internos con discapacidades físicas, adicciones y enfermedades mentales
comprobadas a los centros de salud correspondientes, y dar tratamiento adecuado a
aquellos que sufran de problemas de adicción.
8. Eliminar el aislamiento prolongado y el envío a la cárcel de Emboscada como forma de
castigo a los niños y adolescentes.

26.
El 20 de diciembre de 2001 la Comisión transmitió dicho Informe al Estado y
le otorgó un plazo de dos meses para cumplir con las recomendaciones allí
formuladas. El 18 de febrero de 2002 el Estado solicitó a la Comisión una prórroga
para cumplir con las recomendaciones del informe de fondo, la cual fue concedida
por la Comisión el 26 de febrero de 2002. Dicha prórroga otorgada fue de dos
meses, contados a partir de su otorgamiento.

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