declaraciones de cuatro peritos y de siete testigos.
3.
La Comisión indicó que no tenía observaciones que formular respecto a las listas de
declarantes de las partes. Los representantes de las presuntas víctimas presentaron
recusaciones en contra de tres de los peritos ofrecidos por el Estado e hicieron manifiesta su
solicitud para poder formular preguntas a los peritos y/o testigos ofrecidos tanto por el
Estado peruano como por la Comisión Interamericana. Por su parte, el Estado peruano
presentó una observación respecto al traslado del peritaje propuesto por la Comisión.
Además, formuló observaciones en cuanto a las declaraciones de los tres testigos propuestos
por los representantes, alegando que se debía reducir a uno en aplicación del principio de
economía procesal. Finalmente, el Estado pidió a la Corte que se rechace el peritaje
propuesto por los representantes de las presuntas víctimas.
4.
En cuanto a las declaraciones ofrecidas que no han sido objetadas, esta Presidencia
considera conveniente recabar dicha prueba, a efectos de que el Tribunal pueda apreciar su
valor en la debida oportunidad procesal, dentro del contexto del acervo probatorio existente
y según las reglas de la sana crítica. Por consiguiente, el Presidente admite la declaración
de Dante Ludwig Apolín Meza, perito propuesto por el Estado.
5.
A continuación, el Presidente procederá a examinar en forma particular: a) la
admisibilidad de la prueba pericial ofrecida por la Comisión, b) La admisibilidad de la prueba
pericial ofrecida por los representantes c) La admisibilidad de las declaraciones testimoniales
ofrecidas por los representantes, d) La admisibilidad de las pruebas periciales ofrecidas por
el Estado, y d) La admisibilidad de las pruebas testimoniales ofrecidas por el Estado.
A. La admisibilidad del traslado de un peritaje ofrecido por la Comisión rendido
en otro caso
6.
En su Informe de Fondo, la Comisión ofreció como prueba pericial el dictamen de un
perito “quien declarará sobre la falta de cumplimiento de sentencias judiciales que reconocen
derechos pensionarios como una forma de denegación de justicia en general y,
específicamente, en materia de derechos económicos, sociales y culturales”. En su lista
definitiva de declarantes de 23 de enero de 2018, la Comisión solicitó transferir la declaración
pericial de Christian Courtis, presentado en el caso Muelle Flores Vs. Perú, mediante affidávit.
7.
La Comisión consideró que el presente caso plantea cuestiones de orden público
interamericano, en los términos del artículo 35.1 f) del Reglamento, pues “constituye una
manifestación de un problema de alcance estructural relativo al incumplimiento de sentencias
judiciales, particularmente en lo relativo a derechos pensionarios”. Precisó que estos casos
hacen parte de un contexto más general reconocido por la Defensoría del Pueblo en relación
con la denegación de justicia en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
8.
El Estado objetó el ofrecimiento de dicha prueba, alegando que “la Comisión no
fundamentó de forma suficiente por qué el peritaje propuesto se relacionaba con el orden
público interamericano” y por ser traslado “contiene serias limitaciones para su aplicación al
presente caso.”
9.
En primer lugar, el Presidente reitera que la incorporación de dictámenes periciales
rendidos en otros casos en trámite no significa que tales elementos tengan el valor o peso
probatorio de un dictamen pericial. De tal modo, en oportunidades anteriores, la Presidencia
de la Corte ha considerado pertinente el traslado de peritajes rendidos en otros casos, como

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