2
A) Desistimiento tácito por parte del Estado de una declaración testimonial
ofrecida por el mismo

4.
El Estado ofreció, en su escrito de contestación, las declaraciones de cinco (5) testigos,
las cuales fueron confirmadas en su lista definitiva de declarantes, con la excepción de la
declaración testimonial del señor Hugo Dolmestch Urra, a la cual el Estado no hizo referencia
en dicha lista.
5.
La Comisión no formuló observaciones al respecto. El interviniente común indicó que
“solamente los declarantes determinados en [la lista definitiva de declarantes presentada por
el Estado] son los definitivos, entendiendo así que el Ministro Sr. Hugo Dolmestch no rendirá
testimonio por ningún medio, ya sea en audiencia pública o mediante […] affidavit”.
6.
Esta Presidencia recuerda que, de conformidad con el artículo 46.1 del Reglamento, el
momento procesal oportuno para que la Comisión y las partes confirmen o desistan del
ofrecimiento de las declaraciones realizadas en sus respectivos escritos es en la lista definitiva
solicitada por el Tribunal. En ese sentido, al no confirmar la declaración del señor Dolmestch
Urra en su lista definitiva de declarantes, el Presidente estima que el Estado tácitamente
desistió de la misma como elemento probatorio en la debida oportunidad procesal 2. En virtud
de lo anterior, el Presidente toma nota de dicho desistimiento.

B) Prueba pericial y testimonial ofrecida por el Estado y algunas objeciones del
interviniente común al respecto

7.
En lo que concierne a la prueba pericial, el Estado ofreció en su escrito de contestación
dos peritajes, de Jonatan Valenzuela Saldías y Francisco Zúñiga Urbina, respectivamente, los
cuales confirmó en su lista definitiva de declarantes. El primer peritaje trataría sobre “las
obligaciones estatales relativas al alcance y contenido de la regla de exclusión de prueba ilícita
(obtenida por tortura). En particular, sobre los recursos judiciales para asegurar la aplicación
de dicha regla, especialmente en procesos penales que ya cuentan con sentencia firme (Código
Procesal Penal y Código de Procedimiento Penal)” y el segundo peritaje versaría sobre “la
incorporación de los estándares internacionales en la protección al derecho a la honra en el
Derecho Constitucional chileno”.
8.
La Comisión no formuló observaciones al respecto. El interviniente común, en sus
observaciones a la lista definitiva del Estado, indicó no tener observaciones respecto del
peritaje del señor Zúñiga Urbina, pero indicó con relación al peritaje del señor Valenzuela
Saldías que el Estado en su escrito de contestación “no ha[bría] cuestionado la inexistencia de
un recurso efectivo para anular sentencias de los Consejos de Guerra dictadas con infracción al
debido proceso”3, por lo que el referido dictamen pericial “versaría sobre un asunto que no es
controvertido [y] […] no debiera ser considerado en[tre] los declarantes” que rendirán sus
declaraciones en la audiencia pública a ser realizada en este caso.

2

Cfr. Caso García Prieto y otro Vs. El Salvador, Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 14 de diciembre de 2006, Considerando 21, y Caso Comunidad Garífuna Triúnfo de la Cruz y
sus miembros Vs. Honduras. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de abril
de 2014, Considerando 7.
3

El interviniente común hizo referencia a que el Estado habría señalado en su escrito de contestación que “el
ordenamiento jurídico chileno, tal como se encontraba diseñado al momento de la interposición del recurso de revisión
por parte de los demandantes impedía que la Corte Suprema conociera del fondo del asunto por un explícito mandato
constitucional”.

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