-21.
En el ejercicio de su función jurisdiccional de supervisar el cumplimiento de sus
decisiones3, corresponde a la Corte verificar el cumplimiento por parte del Estado de la
obligación de reintegrar al Fondo de Asistencia la cantidad ordenada en la Sentencia
emitida en el presente caso.

2.
En razón de las violaciones declaradas en la Sentencia (supra Visto 1) y en
atención a lo establecido en el artículo 5 del Reglamento del Fondo de Asistencia 4, en
el punto dispositivo décimo primero y el párrafo 230 de la Sentencia, la Corte ordenó a
Colombia reintegrar a dicho Fondo la cantidad de US$ 2.509,34 (dos mil quinientos
nueve dólares y treinta y cuatro centavos de los Estados Unidos de América),
correspondientes a “los gastos incurridos” durante el litigio ante la Corte. El Tribunal
determinó que el Estado debía reintegrar la referida cantidad en el plazo de noventa
días, contados a partir de la notificación de la Sentencia. Asimismo, estableció en el
párrafo 236 de la Sentencia que “[e]n caso de que el Estado incurriera en mora,
incluyendo en el reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia […], deberá pagar un
interés sobre la cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en
la República de Colombia”.
3.
Mediante nota de Secretaría de 26 de agosto de 2016 (supra Visto 2), se
recordó al Estado que el 18 de julio de 2016 venció el plazo para efectuar el reintegro
al FALV. el Estado presentó un escrito el 1 de septiembre de 2016 (supra Visto 3), mes
y medio después de vencido el referido plazo de 90 días, mediante el cual solicitó la
“comprensión de la Corte Interamericana sobre [… los motivos por los cuales aún no
ha realizado el reintegro y que,] de ser posible, extender el plazo para el cumplimiento
por noventa (90) días”. Al respecto, señaló que si bien “[d]esde que fue notificada la
Sentencia […] ha estado adelantando las gestiones necesarias para dar cumplimiento,
[…] el proceso de concertación con las diferentes instituciones y entidades ha tomado
tiempo[,] no solo por ser la primera vez que el Estado ha sido condenado a reintegrar
dinero al [FALV], sino porque aunque existen los recursos dentro del presupuesto
nacional para asumir pagos ordenados por instancias judiciales internacionales, es
necesario que una entidad del Gobierno nacional asuma este trámite”. En este sentido,
el Estado señaló que “ha sido difícil” determinar cuál es la “entidad que por sus
funciones o ámbito de competencia estuviera involucrada o relacionada en los hechos
que motivaron” la Sentencia. El Estado también afirmó que si bien “se ha recurrido a la
Comisión Intersectorial del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario […] para definir a la mayor brevedad la entidad que hará el
reintegro de los dineros al [FALV]”, el procedimiento de convocatoria de dicha
Comisión es un “proceso que toma algún tiempo, especialmente por la calidad de los
integrantes del Comité (Ministros y Directores de Departamento Administrativo)”.
4.
Esta Presidencia considera improcedente la solicitud de prórroga del plazo para
dar cumplimiento al reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, debido a que el
mismo fue fijado por la Corte en la Sentencia y se incluyó una disposición respecto a
intereses moratorios (supra Considerando 2), aunado a que Colombia efectuó la
solicitud después de vencido el plazo, con posterioridad a que se le remitiera un
3

Facultad que además se desprende de lo dispuesto en los artículos 33, 62.1, 62.3 y 65 de la
Convención Americana y 30 de su Estatuto y se encuentra regulada en el artículo 69 de su Reglamento.
4
Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Funcionamiento del Fondo
de Asistencia Legal de Víctimas, aprobado por el Tribunal el 4 de febrero de 2010, y en vigor a partir del 1
de junio de 2010. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/regla_victimas/victimas_esp.pdf.

Select target paragraph3