-2en la Resolución de la Corte de 23 de junio de 2015, se refirió a los hechos de riesgo alegados por
los representantes de las beneficiarias y solicitó el levantamiento de estas medidas provisionales.
4.
La nota de la Secretaría de la Corte de 18 de noviembre de 2015, mediante la cual,
siguiendo instrucciones del pleno de la Corte, se extendió la vigencia de las presentes medidas
provisionales hasta el 30 de abril de 2016, con el objeto de recibir las observaciones de los
representantes y la Comisión al informe estatal, así como evaluar la pertinencia del mantenimiento
de las presentes medidas.
5.
El escrito de 18 de enero de 2016 y sus anexos, mediante el cual los representantes de las
beneficiarias (en adelante “los representantes”) remitieron sus observaciones a la información
presentada por el Estado, así como remitieron la información que les fue requerida en la
Resolución de la Corte de 23 de junio de 2015.
6.
El escrito de 12 de febrero de 2016, mediante el cual la Comisión Interamericana remitió sus
observaciones a la información remitida por el Estado y los representantes.
CONSIDERANDO QUE:
1.
México es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante
“la Convención Americana” o “la Convención”) desde el 24 de marzo de 1981 y, de acuerdo con el
artículo 62 de la misma, reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 16 de diciembre de
1998.
2.
En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos las medidas provisionales tienen un
carácter no sólo cautelar, en el sentido de que preservan una situación jurídica, sino
fundamentalmente tutelar, por cuanto protegen derechos humanos, en la medida en que buscan
evitar daños irreparables a las personas. Las medidas se aplican siempre y cuando se reúnan los
requisitos básicos de extrema gravedad y urgencia y de prevención de daños irreparables a las
personas. De esta manera, las medidas provisionales se transforman en una verdadera garantía
jurisdiccional de carácter preventivo2.
3.
El artículo 63.2 de la Convención exige que para que la Corte pueda disponer de medidas
provisionales deben concurrir tres condiciones: i) “extrema gravedad”; ii) “urgencia”, y iii) que se
trate de “evitar daños irreparables a las personas”. Estas tres condiciones son coexistentes y
deben estar presentes en toda situación en la que se solicite la intervención del Tribunal. Del
mismo modo, las tres condiciones descritas deben persistir para que la Corte mantenga la
protección ordenada. Si una de ellas ha dejado de tener vigencia, corresponderá al Tribunal
valorar la pertinencia de continuar con la protección ordenada.
4.
Si un Estado solicita el levantamiento o la modificación de las medidas provisionales
ordenadas, deberá presentar la suficiente prueba y argumentación que permita al Tribunal
apreciar que el riesgo o la amenaza ya no reúne los requisitos de extrema gravedad y urgencia de
evitar daños irreparables. A su vez los representantes de los beneficiarios que deseen que las
medidas continúen, deberán presentar prueba de las razones para ello3. La Corte recuerda que el
de los representantes para el mantenimiento de las medidas. En la medida en que dichas observaciones no fueron
solicitadas y de conformidad con el principio de equidad procesal, dichas observaciones adicionales son inadmisibles y no
serán consideradas por este Tribunal en esta Resolución.
2

Cfr. Caso del Periódico “La Nación”. Medidas Provisionales respecto de Costa Rica. Resolución de la Corte de 7 de
septiembre de 2001, Considerando 4, y Asunto Castro Rodríguez. Medidas Provisionales respecto de México. Resolución de
la Corte de 13 de febrero de 2013, Considerando 5.
3

Cfr. Caso Integrantes del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP). Medidas Provisionales
respecto de Guatemala. Resolución de la Corte de 8 de julio de 2009, Considerando 5, y Asunto Juan Almonte Herrera y

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