de febrero de 20033. En dicho informe la CIDH declaró la petición admisible en cuanto a la posible violación de
los derechos consagrados en los artículos 1.1, 7 y 8 de la Convención Americana4.
6.
El 4 de marzo de 2003 la Comisión notificó a las partes el informe de admisibilidad. Asimismo,
conforme a su Reglamento, se puso a disposición de las partes a fin de llegar a una solución amistosa y solicitó
a las dos partes presentar sus observaciones sobre una posible solución amistosa a la mayor brevedad posible.
Asimismo, solicitó a los peticionarios presentar sus observaciones adicionales sobre el fondo en un plazo de
dos meses.
7.
El 12 de septiembre de 2003 los peticionarios presentaron sus observaciones adicionales
sobre el fondo las cuales fueron remitidas al Estado. El 20 de octubre de 2016 la CIDH otorgó al Estado un
nuevo plazo reglamentario para presentar observaciones adicionales sobre el fondo. El 6 de marzo de 2017 el
Estado presentó sus observaciones adicionales sobre el fondo, las cuales fueron remitidas para conocimiento
del peticionario.
III.

POSICIONES DE LAS PARTES

A.

Posición de los peticionarios

8.
Los peticionarios sostuvieron que el 30 de junio de 1994 Jorge Rosadio Villavicencio, Oficial
del Ejército Peruano, fue notificado de su designación como Jefe de la Base Militar de Sion de la Quinta Región
Militar, destacamento "Leoncio Prado", Compañía de Inteligencia N° 341, con base en la ciudad de Tarapoto,
departamento de San Martín, a partir del 1 de julio de 1994.
9.
Manifestaron que el señor Rosadio Villavicencio asumió su cargo y su superior jerárquico, el
Coronel (EP) Emilio Murgueytio, le encomendó una misión de inteligencia en su calidad de Jefe de la Base de
Sión: llevar a cabo el Plan de Operaciones "Ángel" clasificado como "secreto", consistente en infiltrarse “como
un oficial corrupto” dentro de las organizaciones de narcotraficantes para desarticularlas. Indicaron que inició
dicha misión de inteligencia en la primera quincena de agosto de 1994.
10.
Refirieron que el 25 de septiembre de 1994 la presunta víctima fue notificada que había sido
denunciada por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas (artículo 296 del Código Penal), en el fuero
común, y por los siguientes delitos establecidos en el Código de Justicia Militar: contra el deber y dignidad de la
función (artículo 200); falsedad (artículo 299), negligencia (artículo 238), contra la administración de justicia
(artículo 302, inc. 4), abuso de autoridad (artículo 180, inc. 8.a) y desobediencia (artículo 158 del citado
cuerpo legal).
11.
Indicaron que en la vía administrativa disciplinaria, el 3 de marzo de 1995 la Comandancia
General del Ejército decidió pasar a situación de retiro a la presunta víctima. No obstante, agregaron que la
presunta víctima ya había sido pasada a situación de retiro desde el 24 de febrero de 1995, antes de que se
tomara formalmente dicha decisión.
12.
Agregaron que el proceso administrativo disciplinario se inició cuando la presunta víctima ya
se encontraba privada de libertad y fue conducido por un “Consejo de investigación para Oficiales
Subalternos”, que no tenía competencia para pronunciarse sobre su situación por ser un oficial y no

3

CIDH, Informe No. 13/03, Petición 12.031, Admisibilidad, Jorge Rosadio Villavicencio, Perú, 20 de febrero de 2003, párrs. 5-8.

Por un error material, en el párrafo 4 del Informe No. 13/03, la Comisión indicó que también declaraba admisible el artículo 9
de la Convención Americana, pese a que en su párrafo 38 estimó que “la peticionaria no precisó la violación alegada al artículo 9 de la
Convención, no siendo por lo tanto procedente admitir esta violación porque del contexto de su petición en este aspecto no hay hechos
que la caractericen como tal”. CIDH, Informe No. 13/03, Petición 12.031, Admisibilidad, Jorge Rosadio Villavicencio, Perú, 20 de febrero de
2003, párrs.4 y 38.
4

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