INFORME No. 27/15
CASO 12.795
FONDO
ALFREDO LAGOS DEL CAMPO
PERÚ
21 DE JULIO DE 2015

I.

RESUMEN

1.
El 5 de agosto de 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la
Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por el señor Alfredo
Lagos del Campo (en adelante “la presunta víctima”) en la cual sostiene la responsabilidad internacional de la
República del Perú (en adelante, “Perú” o “el Estado”) por la falta de protección de su derecho – como
dirigente laboral – a expresar opiniones en el contexto de un conflicto laboral electoral. Con posterioridad, la
Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH (en adelante “los peticionarios”), se constituyó como
representante de la presunta víctima en el presente caso.
2.
Los peticionarios sostienen que el 26 de junio de 1989 el señor Lagos del Campo fue
despedido de una empresa industrial manufacturera, a raíz de manifestaciones legítimamente realizadas
cuando fungía como presidente del comité electoral de un órgano de representación de los trabajadores.
Afirman que el despido de la presunta víctima constituyó un acto que buscó disuadir a todos los trabajadores
de la empresa en la cual laboraba, evitando que ejercieran sus derechos frente a los empleadores en el
contexto de elecciones internas. Los peticionarios indican que la tramitación de la demanda de calificación del
despido y del recurso de amparo interpuestos por la presunta víctima estuvo marcada por violaciones al
debido proceso. En razón de lo anterior, alegan que el Estado peruano violó el derecho a las garantías
judiciales y el derecho a la libertad de expresión, consagrados en los artículos 8.1 y 13 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (en adelante ¨la Convención¨ o ¨la Convención Americana¨), en relación
con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Lagos del Campo.
3.
De acuerdo con el Estado el tema de fondo planteado por el presente caso quedó resuelto
desde la sentencia de segunda instancia, en la cual se determinó que las declaraciones agraviantes que el
trabajador prestó a un medio de comunicación configuraron una “falta grave”, prevista como causal de
despido en la legislación. Aseguró que el hecho que la sentencia no le fue favorable a la presunta víctima, así
como los recursos o petitorios que presentó fueran declarados improcedentes, no significa que se hayan
vulnerado sus derechos. Por lo anterior, solicitó a la CIDH absolver al Estado de toda responsabilidad
internacional en relación con estos hechos.
4.
En el Informe No. 152/10 de 1 de noviembre de 2010, la Comisión concluyó que la petición
era admisible en relación a los artículos 8 (derecho a las garantías judiciales) y 13 (libertad de expresión) de
la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento, en perjuicio de Alfredo
Lagos del Campo1. La CIDH estimó que la petición era inadmisible en cuanto a la posible violación de los
artículos 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial).
5.
Con base en el análisis de los alegatos y prueba recaudada, la Comisión concluye que el
Estado de Perú es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, y libertad de
expresión, de conformidad con los artículos 8.1 y 13 de la Convención Americana en relación con los artículos
1.1, 2 y 16.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Alfredo Lagos del Campo.

1

1 y 2.

CIDH, Informe No. 152/10, Petición 459-97, Admisibilidad, Alfredo Lagos del Campo, Perú, 1 de noviembre de 2010, párr. 42,

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