3 de diciembre de 2014
Ref.:

Caso No. 12.453
Olga Yolanda Maldonado Ordóñez
Guatemala

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de
Derechos Humanos, el caso 12.453 – Olga Yolanda Maldonado Ordóñez respecto de la República de
Guatemala (en adelante “el Estado”, “el Estado guatemalteco” o “Guatemala”).
El caso se relaciona con un procedimiento administrativo que dio lugar al despido de la
señora Olga Yolanda Maldonado Ordóñez, quien se desempeñaba como funcionaria de la Oficina del
Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala. La Comisión entendió que al tratarse de un
proceso sancionatorio, no sólo resultaban aplicables las garantías mínimas establecidas en el artículo
8.1 de la Convención Americana, sino también el principio de estricta legalidad, la presunción de
inocencia y las garantías necesarias para el ejercicio de su derecho de defensa. La Comisión concluyó
que si bien el marco normativo aplicable otorgaba competencia al Procurador de los Derechos
Humanos para llevar a cabo el procedimiento, la manera en que se notificaron las supuestas causales
en las cuales habría incurrido la señora Maldonado, le dificultó a ésta entender cuál era el objetivo del
procedimiento que se abrió en su contra. En ese sentido, la señora Maldonado ejerció su defensa sin
contar con la información mínima necesaria para tal efecto.
Asimismo, la Comisión concluyó que el Acuerdo No. 81-2000 del Procurador de los Derechos
Humanos, acto mediante el cual fue despedida, fue emitido en violación del deber de motivación, del
principio de legalidad y del principio de presunción de inocencia. En dicha motivación quedó
evidenciado que la señora Maldonado fue separada del cargo por una “situación denunciada”, sin que
se hubiera efectuado investigación alguna sobre si efectivamente la víctima incurrió o no en las
causales respectivas. Este hecho fue reconocido por el Estado de Guatemala ante la Comisión.
Finalmente, la Comisión concluyó que ninguno de los recursos intentados por la señora Maldonado
permitieron una revisión de la sanción ni constituyeron un recurso efectivo frente a las violaciones al
debido proceso.
Señor
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Apartado 6906-1000
San José, Costa Rica

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