2014, 24 de marzo de 2015 y 8 de octubre de 2015. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas a
los peticionarios.
14.
Finalmente, durante el trámite del caso, se recibió un memorial de Amicus Curiae, presentado
por Women’s Link Worldwide en apoyo a los alegatos de los peticionarios, el cual fue transmitido a las partes
el 25 de enero de 2013.
III.
A.

POSICIÓN DE LAS PARTES
Posición de los peticionarios

15.
Manifiestan los peticionarios que el presente caso tiene origen en los hechos ocurridos los días
3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, municipios ubicados en el Estado de México, a raíz
de distintos enfrentamientos entre civiles y elementos policiacos de los distintos niveles de gobierno en el
marco de un conflicto relacionado con el espacio público y los puestos de floristas, así como las protestas
subsiguientes. Indican que estos hechos resultaron en múltiples detenciones, realizadas con uso de violencia
física, sexual y psicológica, así como la muerte de dos civiles, uno de ellos menor de edad, y la expulsión de
cinco extranjeros.
16.
Dentro de los detenidos se encontraron las once presuntas víctimas, María Patricia Romero
Hernández, Cristina Sánchez Hernández, Yolanda Muñoz Diosdada, Ana María Velasco Rodríguez, Mariana
Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Claudia Hernández Martínez, Suhelen Gabriela Cuevas
Jaramillo, Patricia Torres Linares, Norma Aide Jiménez Osorio y Bárbara Italia Méndez Moreno, quienes
alegan haber sido víctimas de tortura sexual así como de violencia física y psicológica, tanto al momento de su
detención, como durante los traslados realizados en vehículos oficiales y no oficiales a las instalaciones de las
autoridades ministeriales y/o al Centro de Prevención y Readaptación Social “Santiaguito”, Almoloya de
Juárez (en adelante “el CEPRESO”), así como durante el ingreso a dichas instituciones. Además, algunas de las
mujeres señalan que posterior a su detención no se les permitió el acceso a un defensor de su elección ni a
interponer la acción correspondiente por los abusos sufridos.
17.
Alegan que se iniciaron diversas investigaciones, respecto de las violaciones a sus derechos
humanos, las cuales se vieron afectadas por diversas irregularidades y no derivaron en el procesamiento y
sanción de los responsables. Además, señalan que “otros procedimientos no jurisdiccionales no han sido
idóneos para impulsar los procesos penales”. Por otra parte, señalaron en audiencia pública que los delitos
por los cuales fueron detenidas, especialmente el de ataques a las vías de comunicación y transporte, son los
utilizados para criminalizar la protesta pública.
18.
Dentro de las investigaciones referidas por los peticionarios están la investigación adelantada
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante “la SCJN”) el 6 de febrero de 2007 y la realizada por
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (en adelante “la CNDH”) que culminó con la Recomendación
38/2006; la averiguación previa AP/FEVIM/03/05-2006 iniciada por la Fiscalía Especial para la Atención de
Delitos Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres en el País (en adelante “la FEVIM”); las
averiguaciones previas TOL/DR/I/466/2006 y TOL/DR/I/470/2006, instruidas por la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México (en adelante “la PGJEM”); el proceso penal seguido en contra de Doroteo Blas
Marcelo por el delito de “actos libidinosos” en contra de Ana María Velasco Rodríguez; y el proceso penal
seguido en contra de cuatro agentes de las fuerzas de seguridad por el delito de “abuso de autoridad” en
agravio de María Patricia Romero Hernández, su padre y su hijo.
19.
Los peticionarios alegan que los daños ocasionados han afectado severamente el proyecto de
vida de las once mujeres, incluyendo afectaciones graves a sus relaciones interpersonales y familiares, de
quienes se alega se violó también su derecho a la integridad personal
20.
En cuanto a la violación al derecho a la libertad personal, alegan que la privación de
libertad fue ilegal y arbitraria, “en un marco de represión policial, violencia y detención indiscriminada”. En
cuanto a ilegalidad indican que no encuadraban en ninguno de los tres supuestos establecidos por la
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