que ella continuaría con su defensa en el presente asunto. El 7 de mayo de 2014 la señora Villaseñor presentó
sus observaciones sobre el fondo, las cuales fueron remitidas al Estado guatemalteco el 10 de junio de 2015
con el plazo reglamentario de cuatro meses. El Estado presentó sus observaciones sobre el fondo el 9 de
octubre de 2015. La señora Villaseñor presentó comunicaciones adicionales el 8 y 28 de junio de 2016, las
cuales fueron remitidas al Estado para su conocimiento.
B.

Trámite de la medida cautelar

6.
Mediante comunicación de 21 de julio de 1994 la Oficina de Derechos Humanos del
Arzobispado de Guatemala solicitó a la CIDH otorgar medidas cautelares a favor de María Eugenia Villaseñor,
Mario Salvador Jiménez y Héctor Orellana debido a las amenazas que habrían recibido por su condición de
magistrados de la Corte de Apelaciones.
7.
El 25 de julio de 1994 la CIDH solicitó al Estado de Guatemala la adopción de medidas
cautelares para proteger la vida y seguridad de María Eugenia Villaseñor, Mario Salvador Jiménez y Héctor
Orellana. Esta medida cautelar fue “adoptada a raíz de denuncias sobre seguimientos, amenazas y
hostigamiento contra dichos magistrados durante los últimos días, amenazas que estarían relacionadas con
procesos judiciales que están bajo su consideración en dicha Corte y que se refieren a derechos protegidos
por la Convención Americana”2.
8.
Durante la vigencia de las medidas cautelares la CIDH recibió escritos de los peticionarios y
del Estado, los cuales fueron debidamente trasladados a las partes. El 26 de julio de 2013 la CIDH envió una
comunicación a la señora Villaseñor indicando que decidió levantar la medida cautelar.
9.
En la elaboración del presente informe se tomó en cuenta la información presentada por las
partes en el marco del procedimiento de medidas cautelares. El 10 de junio de 2015 la CIDH envió una
comunicación al Estado indicando que decidió integrar el expediente relacionado con la tramitación de la
medida cautelar para el análisis del caso de referencia.
III.

POSICIÓN DE LAS PARTES

A.

Posición de los peticionarios

10.
Los peticionarios indicaron que el Estado es responsable por una serie de amenazas de
muerte verbales y escritas, seguimientos, intentos de ingreso en su domicilio, entre otros hechos de riesgo, en
contra de María Eugenia Villaseñor. Señalaron que estos hechos empezaron a ocurrir a inicios de 1994.
Señalaron que estos hechos se deben a la condición de jueza de la señora Villaseñor, quien ha conocido varios
casos que involucran a altos miembros del Ejército de Guatemala, acusados de graves delitos patrimoniales y
violaciones de derechos humanos. Sostuvieron que a pesar de haber denunciado estos hechos, las autoridades
no los han esclarecido ni identificado a las personas responsables. El detalle de los hechos y los procesos
internos será referido en el análisis fáctico de la Comisión, basado en la información aportada por ambas
partes.
11.
Con respecto a la admisibilidad del caso, los peticionarios invocaron la excepción de retardo
injustificado establecida en el artículo 46.2 c) de la Convención Americana. Alegaron que a pesar de que las
amenazas recibidas por la señora Villaseñor fueron denunciadas, hasta la fecha las investigaciones se
encuentran en un estado inicial, no se han esclarecidos los hechos y no se han identificado a las personas
responsables.
12.
Sobre el fondo del asunto, alegaron que se configuraron violaciones a sus derechos a la
integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, honra y dignidad, protección a la familia, y

2

CIDH, Comunicado de Prensa No. 16/94, 25 de julio de 1994.

2

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