El caso también se relaciona con las violaciones a los derechos a las garantías judiciales y protección
judicial en el marco de la investigación y proceso penal seguidos frente a tales hechos. La Comisión determinó
que el Estado venezolano incumplió con su obligación de investigar con la debida diligencia debido a: i) Las
omisiones en la identificación inicial y la práctica de diligencias tomando en cuenta que se trataba de un caso
violencia contra la mujer incluyendo violencia sexual; ii) Las acciones y omisiones de las autoridades respectivas
a lo largo de toda la investigación; y iii) La falta de investigación de las alegadas irregularidades a lo largo de la
investigación y proceso penal, así como de las amenazas y hostigamientos denunciados por Linda Loaiza López
Soto y su familia. Asimismo, la Comisión estableció que el Estado venezolano incumplió con su obligación de
investigar en un plazo razonable.
La Comisión concluyó que la víctima no contó con un acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
Por el contrario, Linda Loaiza López Soto no recibió la atención y trato adecuado en su condición de víctima de
violencia contra la mujer incluida violencia y violación sexual, desde el momento de su rescate y en los
momentos posteriores en su condición de víctima. Asimismo, los graves hechos de violencia que sufrió fueron
investigados y juzgados en un marco normativo discriminatorio e incompatible con la Convención Americana
que permitió que el debate se centrara en especulaciones sobre la vida de la víctima y no en el esclarecimiento
de lo sucedido y la determinación de las respectivas responsabilidades. La Comisión analizó la casi total falta de
credibilidad otorgada al testimonio de Linda Loaiza López Soto así como los diversos indicios que ponen de
manifiesto un sesgo en el seguimiento de líneas de investigación y en la práctica y valoración de las pruebas.
Todas estas situaciones afectaron no solamente su derecho de acceso a la justicia sino que constituyeron
formas de revictimización adicionales que afectaron tanto su vida privada y dignidad como su integridad
psíquica y moral.
Finalmente, la Comisión encontró que por la gravedad de los hechos ocurridos, sumada a la ausencia
de una respuesta judicial oportuna y adecuada, se generaron efectos que van más allá de la víctima directa y
que incluye a sus familiares.
El Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 9 de agosto de 1997 y aceptó
la competencia contenciosa de la Corte el 24 de junio de 1981. El Estado denunció la Convención Americana el
10 de septiembre de 2012. Los hechos del presente caso tuvieron lugar antes del 10 de septiembre de 2013,
fecha en que entró en vigencia la denuncia de la Convención Americana.
La Comisión ha designado al Comisionado Francisco Eguiguren Praeli y al Secretario Ejecutivo Paulo
Abrão, como sus delegados. Asimismo, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta y Silvia Serrano
Guzmán y Selene Soto Rodríguez, abogadas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como asesoras
legales.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta
copia del informe de fondo 33/16 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de
la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la
elaboración del informe 33/16 (Anexos). Dicho informe de fondo fue notificado al Estado de Venezuela
mediante comunicación de 2 de agosto de 2016 otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el
cumplimiento de las recomendaciones. El Estado venezolano no dio respuesta alguna al informe de fondo de la
Comisión.
En virtud de lo anterior, la Comisión Interamericana somete a la jurisdicción de la Corte la totalidad de
los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el informe de fondo 33/16, por la necesidad de
obtención de justicia para la víctima directa y sus familiares.

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